La Fiscalía acusa de un supuesto delito de prevaricación medioambiental al presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, por la tramitación de la piscifactoría de Rinlo (Lugo) en 2005 cuando era director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental al considerar que pudo tratarse de una "decisión arbitraria e injusta".
En declaraciones a Europa Press, el fiscal especializado en Medio Ambiente, Alvaro García Ortiz, explicó este miércoles que la acusación parte de una denuncia previa de la asociación ecologista Adega presentada en la Fiscalía en febrero de 2010.
La semana pasada la Fiscalía, tras solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el expediente del procedimiento que declara la nulidad de la citada declaración de impacto ambiental, presentó en el juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela la acusación contra Álvarez-Campana.
El fiscal, que solicitó al juzgado que se admita a trámite la denuncia y se incoen diligencias previas para abrir una investigación, indicó que con los datos recabados del expediente, se incide en el "riesgo ambiental" sobre hábitats protegidos, al considerar que "era grave e irreversible".
García Ortiz aclaró que se trata de un hecho delictivo de prevaricación medioambiental que puede derivar en dos delitos: el haber dictado una declaración de impacto ambiental, que fue anulada, y dar el visto bueno el inicio de actividad de una empresa "potencialmente contaminante".
Según publica el diario El País, en la denuncia que ha presentado en los juzgados el fiscal explica que en la zona de Ribadeo donde la Xunta de Manuel Fraga pretendía instalar la piscifactoría, el Inventario Nacional de Hábitat detecta dos hábitat de carácter prioritario y un tercero de interés comunitario.
Además, apunta que toda esa información la tenía en 2005 la Consellería de Medio Ambiente, que dirigía el popular Xosé Manuel Barreiro, y concluye que la declaración de impacto ambiental firmada por el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental "intentó eludir" los controles de la Unión Europea sobre estos espacios protegidos, con el objetivo de salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica".
Criterios comerciales
En su escrito, recogido por Europa Press, la Fiscalía destaca que el responsable del departamento de protección ambiental "impuso los criterios comerciales a los medioambientales" al tener en cuenta que "con la aprobación y ejecución del proyecto se causaría un perjuicio irreversible a la integridad del lugar".
Además, señala que la aprobación del citado proyecto de la empresa Acuinor S.L. "no se refiere a consideraciones relacionadas con la vida humana y la seguridad pública, ni a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente" sino "simplemente a la respuesta a intereses ajenos y de naturaleza económica".
El delito de prevaricación medioambiental conlleva una pena de inhabilitación de cargo público de hasta diez años, una multa y una pena de prisión que oscila entre los seis meses y tres años de cárcel.
