El "efecto bumerán" de la tesorería de Sarria

La regidora y su gobierno tardaron días en hacer público un decreto sobre el bloqueo de pagos, que utilizaron como arma política ► La situación se enredó y la paralización persiste
Pleno de la corporación municipal del Concello en una de sus últimas sesiones
photo_camera Pleno de la corporación municipal del Concello en una de sus últimas sesiones

La alcaldesa de Sarria y su gobierno tardaron varios días en dar a conocer la existencia de un decreto sobre la paralización de pagos de tesorería, que utilizaron como arma política. Sin embargo, la situación ha dado un giro en las últimas horas, el decreto que supuestamente servía para levantar el bloqueo no tuvo el efecto pretendido y ahora el problema de pagos del Concello sarriano es una realidad que pudo tener ya sus primeras consecuencias serias. 

Un análisis cronológico de los hechos revela que, el día 10 de enero, los servicios de secretaría e intervención elaboraron un informe conjunto en el que explican que el día 1 finalizó el período transitorio para que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes cuenten con un puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional para las labores de tesorería. Señalan también que el ejercicio de esta tarea por parte de un funcionario de otra escala podría constituir un delito de usurpación de funciones públicas y advierten de la necesidad de tomar medidas "para non incorrer nun delito de prevaricación". 

La tesorera se encontró con un decreto que le ordenaba seguir firmando y un informe sobre el posible delito en caso de hacerlo 

El 12 de enero, en base a este informe, el gobierno anunció que el Concello tenía paralizados los pagos por carecer de tesorero habilitado por culpa de la oposición, ya que la creación de esta plaza fue a pleno dos veces en el año 2015 recibiendo el voto en contra de los ediles del PP y dos no adscritos. 

Durante varias jornadas hubo un cruce de acusaciones entre gobierno y oposición por este motivo mientras, en teoría, se buscaba una fórmula provisional para desbloquear los pagos a la espera de crear en pleno la necesaria plaza. 

Esa supuesta solución llegó la pasada semana cuando se conoció un decreto de la alcaldesa por el cual obligaba a la tesorera actual a seguir firmando pagos para no paralizar este servicio básico. 

Pilar López aseguró a este medio haber firmado ese decreto el 17, a última hora de la noche, desde su teléfono móvil, tras sopesar mucho la situación y para garantizar los servicios básicos del Concello. 

Sin embargo, ese documento está elaborado desde el 13 –un día después de hacer público el problema de tesorería– y fue firmado por la alcaldesa socialista el mismo día 13, a las 9 horas, 53 minutos y 10 segundos. Por su parte, el secretario asignó el escrito el 17, a las 15.33 horas.

DOS POSTURAS. El asunto no queda ahí, sino que el decreto que supuestamente solventaba la situación al menos por ahora no fue tal. La persona que venía llevando la tesorería se encontró por un lado con una orden de alcaldía para firmar pagos y, por el otro, con un informe de intervención y secretaría en el que advertían de la comisión de un presunto delito en caso de ejercer una tarea para la cual por ley sería necesario un habilitado de carácter nacional. 

El pasado viernes expiró el plazo para pagar retenciones de IRPF correspondientes al cuarto trimestre del último año

El pasado 19, la funcionaria decidió pedir un informe de secretaría para salir de dudas ante la contradicción que se generaba y en vista de la necesidad de efectuar unos pagos al día siguiente. No obstante, el secretario no emite informes a petición de funcionarios, por lo que la tesorera, en base al primer documento del 10 de enero, comunicó al Concello que no se consideraba habilitada para firmar esos pagos. 

El 20, ya con la fecha límite de abono encima, la alcaldía requirió un informe jurídico urgente al secretario sobre la posibilidad de que la funcionaria pudiese seguir ejerciendo como tesorera en aplicación de su decreto del día 13. 

La urgencia del informe, que se pidió para ese mismo viernes, a las 12.00 horas, venía motivada porque la tesorera ya tenía preparada la documentación para las retenciones de IRPF del cuarto trimestre de 2016 y las tasas de la Xunta, cuyo plazo expiraba ese día y cuyo impago podría ocasionar recargos o sanciones al Concello. 

El informe de secretaría considera comprensibles las dudas que le surgieron a la tesorera entre cumplir la orden directa de la alcaldesa y la posibilidad de incurrir en un ilícito penal. Tras analizar la situación y las consecuencias que puede tener de pagos de nóminas, proveedores o impuestos, el informe concluye que la duda de la tesorera sobre la incursión en delito la faculta para desobedecer la orden del decreto del día 13, por lo que habrá que ver cómo se solventan ahora los pagos.

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