El Ayuntamiento sarriano es oficialmente el propietario del edificio utilizado en su día como campamento juvenil de la Xunta en O Chanto. El inmueble ya fue inscrito en el registro de bienes municipales tras constatarse que no figura en el inventario de la Administración autonómica.
El gobierno local inició el proceso de recuperación de estas instalaciones —hoy en día en estado de abandono y avanzado deterioro— con el fin de realizar "una planificación deportiva" en la zona de O Chanto. El objetivo era valerse de este edificio para construir los vestuarios del futuro campo de fútbol de hierba artificial. No obstante, esta infraestructura deportiva previsiblemente ya no se construirá en O Chanto —sino en el estadio de Ribela— al conocerse que un talud del plan de encauzamiento atraviesa los terrenos comprados para albergar el campo.
Ante este contratiempo, el Ayuntamiento, que ahora ya tiene la propiedad del edificio, tendrá que buscarle un nuevo uso, todavía por determinar.
La historia de estas instalaciones se remonta varios años atrás, cuando fueron cedidas a la Xunta para ser utilizadas como campamento juvenil. Funcionó como tal entre 1992 y 1999, pero desde entonces ya no se utilizan con este fin, por lo que se inició el proceso se recuperación del inmeuble.
El gobierno sarriano descartó solicitar la reversión de los terrenos —porque no estaban escriturados a nombre de la Xunta, dijo— y optó por iniciar un expediente para inscribir la parcela y el edificio como bienes de titularidad municipal. El asunto fue tratado durante el pleno ordinario del mes de marzo, lo que motivó un enfrentamiento entre gobierno y oposición. El PP votó en contra de esta decisión al entender que el Concello iba de cabeza a un contencioso con la Xunta por la propiedad de este inmueble.
La decisión del pleno fue comunicada a la Administración autonómica, con un plazo para la presentación de alegaciones. En contestación, la Consellería de Facenda remitió un escrito en el que especifica que la finca en cuestión y el edificio no constan inscritos en el inventario de bienes y derechos de la comunidad gallega, por lo que el Concello procedió a registrarlos a su nombre.
El alcalde, Claudio Garrido, valoró esta resolución del caso. "El gobierno no quería polemizar, sino aclarar la situación con buena voluntad. El resultado demuestra que el PP no tenía razón al hablar de ilegalidades", señaló.
