El dueño de Alcor, detenido por un delito contra los trabajadores

El propietario de la firma de seguridad privada Alcor, con sede social en Monforte, Carlos Somoza, lleva desde el viernes detenido y custodiado por los agentes de la Policía Nacional en los calabozos con los que cuenta la comisaría de la ciudad del Cabe. Se le acusa, según pudo saber este diario, de un delito contra los derechos de los trabajadores, de otro contra la hacienda pública y la Seguridad Social y de blanqueo de capitales, aunque las fuentes consultadas indicaron que podrían existir hasta tres acusaciones más contra el gerente de Alcor.

El caso lo lleva un juzgado de Madrid, que ha trasladado hasta Monforte a un grupo especializado de la Policía Nacional en seguridad privada y delincuencia organizada, agentes que aún siguen en la ciudad tomando declaraciones a personas relacionadas con Alcor y volcando datos de los ordenadores que se incautaron en la sede de la empresa, situada en la Rúa Estrela, así como numerosa documentación en papel. 

Se espera que las diligencias finalicen a primera hora de la mañana de este lunes para que Carlos Somoza pueda pasar a disposición judicial a declarar en uno de los juzgados monfortinos, si bien la potestad para ponerlo en libertad, con cargos y con o sin fianza, la tendrá el tribunal madrileño que instruye el caso.

La acción policial ha sido fruto, según las fuentes consultadas, de un intenso y prolongado trabajo de investigación tomando como referencia numerosas denuncias tanto de trabajadores como de empresas para las que prestaba servicios Alcor al detectar, tanto unos como otros, supuestas irregularidades.

Según personas cercanas al detenido, Carlos Somoza se encuentra tranquilo en el calabozo que ocupa en la comisaría de Monforte, donde recibe la visita de sus familiares más cercanos.

SIN SORPRESAS. La detención y encarcelamiento preventivo de Somoza no cogió por sorpresa a muchos monfortinos, que tras enterarse del suceso lo consideraron algo "normal", pues desde siempre se ha hablado en la ciudad de supuestas irregularidades tanto en el funcionamiento de su empresa como en el trato que mantenía con los trabajadores.

Además, organismos públicos como la Diputación Provincial de Lugo llegaron a rescindir los contratos que tenían con Alcor al detectar que no trataba bien a nivel salarial y contractual a sus trabajadores y por no llegar a justificar cerca de 100.000 euros en facturas por servicios prestados.

El sindicato UGT fue desde siempre el más beligerante con Carlos Somoza y su empresa Alcor en lo tocante a la forma en la que trataba a sus empleados, acusándolo de hacer turnos de hasta doce horas y de pagarles salarios muy por debajo de lo establecido por convenio.

Por ello, Mario Docasar, responsable de esta formación sindical, no se mostró sorprendido por lo sucedido y pidió que "la Justicia aclare estos posibles delitos".