El 'desahucio exprés' llega a las casas por Navidad

Agilizar el desalojo de los inquilinos morosos para fomentar la puesta en alquiler de las viviendas que están vacías es el objetivo central de la nueva ley que este jueves entró en vigor, la Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y Eficiencia Energética de los Edificios. Un nombre complejo para una norma que reduce de los dos meses a uno solo el tiempo requerido para poder presentar una demanda desde que se exige el pago de las mensualidades atrasadas, poniendo las cosas más fáciles a los propietarios pero dejando también más desprotegidos a los arrendatarios que no pueden afrontar sus deudas.

La nueva ley llega para agilizar los trámites judiciales a afrontar cuando se decide optar por la vía del desahucio y modifica en este sentido la Ley de Enjuizamiento Civil en el sentido de facilitar que los arrendadores puedan recuperar la vivienda de modo rápido y sencillo en caso de incumplimiento grave del pago del alquiler. Para el Gobierno, ello supone "un paso adelante" hacia la amplitud del mercado de alquiler. En este sentido, una vez interpuesta una demanda, el inquilino podría evitarla si paga las mensualidades atrasadas durante el periodo de tiempo que da la ley, un mes, pero para ejecutar el desahucio sólo será necesaria la sentencia condenatoria.

La nueva ley también amplía los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler, que tiene una duración de cinco años. Entre ellos, destaca la posibilidad de que el propietario rescinda el contrato si necesita ocupar la vivienda para uso propio, pero también para el de sus padres, hijos o cónyuge en los casos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que así conste en el contrato.

Más derechos para los arrendadores, ¿y los inquilinos?
El Ministerio de Vivienda ha querido proteger a los propietarios y favorecer el mercado de alquiler con la nueva ley "sin menoscabo de los derechos de los inquilinos de buena fe". Sin embargo, los partidos de izquierda como ERC, BNG, ICV o IU han criticado la ley durante su fase de trámite parlamentario porque desde su punto vista, aprobar el 'desahucio exprés' en un contexto de crisis económica puede aumentar el riesgo de exclusión social, ya que se reducen las garantías para desalojar a los arrendatarios.

Sin embargo, otros partidos como el PNV, CiU o el PP se han situado a favor de los derechos de los propietarios que alquilan sus viviendas. Así lo afirma el departamento dirigido por Beatriz Corredor, según el cual el fundamento de la nueva ley "radica en la necesidad de impulsar un amplio mercado del alquiler", y argumenta que "la existencia de un gran número de viviendas desocupadas es contradictorio e inaceptable dadas las necesidades de una parte importante de la población".

"Adicionalmente, contar con mecanismos más eficaces para la agilización de los procesos incrementará la confianza de las partes, lo que contribuirá a la reducción de precios y a evitar la exigencia de garantías excesivas (avales y fianzas)", añade el gabinete de Beatriz Corredor.