El conselleiro de Facenda del bipartito dice que las entidades cumplían con la solvencia requerida

El exconselleiro de Economía e Facenda con el bipartito, José Ramón Fernández Antonio, ha asegurado que los balances de Caixa Galicia y Caixanova en 2008 mostraban "coeficientes de solvencia superiores a los exigidos" y ha sostenido que, en las conversaciones con el Banco de España, el regulador "en ningún momento expresó ninguna preocupación especial que hubiesen transmitido".

Lo ha indicado en la que constituye la tercera comparecencia de la jornada en el arranque de la comisión de investigación de la fusión de las cajas gallegas. Durante su intervención, Fernández Antonio también afirmó que los informes de las auditorías y las cuentas anuales de 2008 aprobadas (dejó el gobierno en abril de 2009) mostraban "un coeficiente de solvencia holgadamente establecido por el Banco de España".

El exconselleiro indicó que el Banco de España es el que tiene los medios para realizar las labores de inspección previas de cualquier medida ejecutiva para salvaguardar la solvencia de las entidades de crédito e incidió que el regulador bancario no le expresó ninguna "preocupación".

Además, y para contestar al diputado popular Pedro Puy, quien también preguntó por si no habían saltado las "alarmas" con la "multiplicación" del riesgo inmobiliario y la expansión territorial de las entidades, Fernández Antonio apuntó que durante su mandato no tuvo ninguna conversación, tampoco con otras entidades ni con el Banco de España, sobre futuras fusiones de las cajas de ahorros gallegas.

"Yo nunca tuve mucha fe en las auditorías", ha confesado, por su parte, el diputado socialista Abel Losada, quien cree que responde a lo que se conoce como pintores de cámara, porque "se hacían por encargo de quien les pagaba" y, ha resuelto: "quien paga, manda". "Esos informes decían que estaban bien, pero lo cierto es que en 2012 se metieron 9.000 millones de euros", ha evidenciado el portavoz parlamentario socialista.

COMISIONES DE CONTROL

Por otra parte, en respuesta al diputado nacionalista Francisco Jorquera, Fernández Antonio argumentó que tomó la decisión de no nombrar a ningún representante de la consellería en las comisiones de control de las cajas porque estimó "que no era conveniente ni necesario" y arguyó que se adoptó en aras de la "independencia" y de "no injerencia" en la política financiera. Pero ello, ha asegurado, no significa que no hubiese "seguimiento continuado de las cajas".

Aprovechó la ocasión para mostrarse "crítico en cuanto a la falta de firmeza a la hora de corregir la deriva de las cajas" y echó en cara que "por la negativa" de los socialistas en el pacto de gobierno del bipartito no se introdujo la reforma de la Ley de cajas, que "hubiese sido más útil" que cuando finalmente se aprobó en 2009 (a raíz de una proposición de ley del Bloque). Al hilo de ello, recriminó que, aunque no se reformase la normativa, ya se podía nombrar a un miembro en la comisión de control.

"Yo estimé que no era ni necesario ni conveniente, pero sí hubo un seguimiento continuado de las cajas, y conversaciones con el Gobierno central y Banco de España", ha respondido Fernández Antonio, quien desveló que tuvo varias reuniones con el gobernador del supervisor, pero insistió en que no se le trasladó ninguna "preocupación especial".

PREFERENTES

En cuanto a la comercialización de participaciones preferentes y subordinadas, Fernández Antonio ha constatado que "hay una grave responsabilidad" en los casos en que han sido "mal comercializadas" y ha sostenido que "hay suficientes casos que deben alarmar".

Así, el exconselleiro de Facenda ha censurado que la banca nacionalizada "esté poniendo más problemas" a los afectados por las comercializaciones de estos productos para ser "resarcidos" con su dinero.

Por ello, al respecto de que la mayor parte del dinero que permanece atrapado sea en entidades nacionalizadas, ha señalado que "el dinero público, si tiene que salvar a alguien primero, tiene que salvar a las personas y no a los bancos".

Previamente, Fernánez Antonio había asegurado que la Consellería que dirigía, en su época, "no recibió quejas significativas de clientes que indicasen el mal funcionamiento" de las cajas de ahorros.

En su turno, el portavoz parlamentario socialista, Abel Losada, recriminó las participaciones que permanecen pendientes de pago se corresponden con ejercicios gobernados por los populares, pero su homólogo popular, Pedro Puy, ha acusado de "burdas manipulaciones" al PSdeG.

"Concuerdo con la posición de Fernández Antonio que lo que no se puede es salvar a los grandes estafadores de la plutocracia financiera. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno Feijóo y el Gobierno de Rajoy de forma descarada", ha manifestado el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, que aunque manifestó que su grupo pasaba a una postura de "observador" porque se mantiene secreta parte de la documentación de la comisión de las cajas, sí afirmó que haría alguna consideración sin formular preguntas.

OBRA SOCIAL Y CRECIMIENTO

Por otra parte, durante su intervención, Fernández Antonio ha destacado que en el mandato (desde agosto de 2005 hasta abril de 2009), la consellería "reorientó" e "impulsó" la obra social de las entidades crediticias gallegas, por lo que se creó una comisión mixta.

Además, el exconselleiro ha defendido que el Gobierno bipartito "hizo lo que tenía que hacer para impulsar el tejido productivo gallego", y ahora hay que "lamentar" que no haya ninguna caja de ahorros.

También explicó que se llevó a cabo una política de "convergencia" con Europa y Galicia fue "la comunidad que más creció", con una deuda que "quedó por debajo" de la que se había recibido del Gobierno Fraga y un déficit del 0,17 por ciento en 2008.

Abel Losada elogió la política desarrollada durante el bipartito y recordó que a principios de 2008 el Consello de la Xunta aprobó un programa con el Banco Europeo de Inversión y el ICO para impulsar la economía, algo que echa en falta con el Gobierno de Feijóo, a quien le recrimina una "intervención política para forzar la fusión" de las cajas gallegas.

Por otro lado, Pedro Puy preguntó si el conselleiro conocía los contratos con la alta dirección y las cláusulas, así como si había tenido alguna participación institucional en la emisión de subordinadas, pero estas cuestiones no fueron contestadas.

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