El pleno del Congreso ha aprobado la reforma legislativa para extender el aforamiento al Rey Juan Carlos, la Reina Letizia, La Reina Sofía y la Princesa de Asturias, un texto que sólo ha contado con los votos del grupo mayoritario, el PP, y de los dos diputados de Foro Asturias y UPN.
El principal partido de la oposición, el PSOE, se ha abstenido, al igual que CiU y Coalición Canaria, mientras que se han opuesto a esta reforma la Izquierda Plural, UPyD, el PNV y buena parte del Grupo Mixto -Amaiur, ERC, BNG, Compromís, Nueva Canarias y Geroa Bai.
La reforma se remite ahora al Senado para su aprobación definitiva y el aforamiento de Don Juan Carlos será efectivo cuando se publique la ley en el BOE.
A partir de ese momento, todas las causas, penales o civiles, dirigidas contra don Juan Carlos, doña Sofía, doña Letizia y la Princesa de Asturias, se tramitarán en el Tribunal Supremo.
Todos los grupos de la oposición ha reprochado al PP la urgencia con la que se ha tramitado el texto y la ausencia de un debate a fondo, críticas que los populares han rechazado y a las que el diputado Leopoldo Barrera ha respondido argumentando que no existe en este caso "ni improvisación ni precipitación; previsión y responsabilidad" para "cubrir un vacío legal".
Ha llamado así a "sentido de la responsabilidad" y "sentido de Estado" y ha lamentado que la oposición diga compartir el fondo pero invoquen razones de forma para justificar su abstención.
Además ha especificado que el aforamiento no supone inmunidad ni impunidad y solo establece el órgano especial que tramitaría las causas, como también han recordado los dos únicos diputados que se han sumado al PP en sus votos a favor, Carlos Salvador (UPN) y Enrique Álvarez Sostres (Foro).
Por otra parte, la diputada del PSOE Meritxel Batet ha criticado el "mal procedimiento" de esta ley y su "falta absoluta de consenso" y ha recordado que los fueros especiales no están para proteger a las personas sino a las instituciones y la democracia.
"La responsabilidad de estar solos hoy y las consecuencias que eso comporta es solo suya", le ha dicho Batet a los diputados del PP, a los que también ha advertido de que sólo consiguen que un instrumento diseñado para proteger la democracia la esté dañando.
Gaspar Llamazares, de IU, ha lamentado que el Congreso se convierta hoy "en un monumento al desacato al Poder Judicial, un monumento al desacato a un juez", con una "ley anti juez Castro", en alusión al instructor del caso Nóos, que ha procesado a la infanta Cristina.
CiU, que se ha abstenido como el PSOE, cree también que el procedimiento ha sido "acelerado" y "exprés" cuando debería haberse abordado una reforma global para "acotar" los casi 10.000 aforados que hay en España, según ha dicho el diputado Jordi Jané.
Jané ha reivindicado "legislar de manera distinta", respetando las formas y "contando con todos" y se ha preguntado: "¿Tanta prisa es necesaria?".
"¿De qué quiere el Gobierno proteger al Rey con este aforamiento y con estas prisas?" ha preguntado la diputada del BNG Olalla Fernández Davila, quien también ha planteado "qué quiere proteger el Gobierno" cuando defiende recurrir la imputación de la infanta Cristina.
Por el PNV, Emilio Olabarria ha fundamentado su voto en contra en que este pleno es "manifiestamente ilegal" por no cumplir los plazos reglamentarios y ha advertido de que la reforma levanta sospechas y suspicacias sobre "a quién se quiere proteger y de qué".
Una "chapuza". Así ve esta ley la diputada de UPyD Irene Lozano, quien ha lamentado que todavía haya quien se pregunte por qué los ciudadanos han perdido la confianza en la política, porque al final parece que sólo se pretende "proteger a ciertas elites".
Joan Tardá, de ERC, ha acusado al PP de cometer "otro fraude a la democracia" y ha advertido de que las nuevas generaciones no van a permitir que se les "robe" el "derecho a decidir"
Desde Amaiur, Onintza Enbeita ha señalado que "algo esconde" esta reforma por la prisa, y se ha preguntado "de qué" se quiere proteger a Don Juan Carlos mientras Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha señalado que no se cuestiona el aforamiento de un cargo público, sino el de alguien que ya no lo es.
