El Tribunal de Cuentas ha reclamado este lunes al expresidente catalán Artur Mas 5,2 millones de euros por los gastos que conllevó organizar y celebrar el referéndum ilegal del 9 de noviembre del año 2014, por el que también tendrán que responder otra decena de cargos de su Govern. Según fuentes cercanas a los representantes legales, en esa cantidad ya estarían sumados 400.000 euros de intereses.
No obstante, fuentes del Tribunal han asegurado que se facilitará a los representantes legales un acta de liquidación provisional con lo que tiene que pagar cada uno de los encartados, representados por cuatro abogados y un procurador.
Fuentes del Tribunal han explicado que los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero los demás habrán de responder por él.
Por su parte, los abogados del expresidente y de los exaltos cargos investigados por desviar dinero público para los gastos del 9N han informado este lunes que recurrirán la resolución en un plazo de cinco días.
En declaraciones a los medios al término de la reunión de los abogados, la delegada instructora, el fiscal y la parte demandante, el abogado de Mas, Rafael Entrena, ha expresado la "absoluta disconformidad" con la resolución, que, según ha dicho, tiene una fundamentación jurídica "muy defectuosa", al considerar que se trata de un "clarísimo ejemplo de desviación de poder". "Se ha instrumentalizado al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer", ha dicho.
El abogado ha informado de que a Mas se le atribuyen "todos y cada uno de los gastos" vinculados con la consulta del 9N y, por tanto, la responsabilidad última y 5,2 millones de euros.
A la exconseller Irene Rigau se le imputa la responsabilidad de 3 millones de euros; al exconseller Frnacesc Homs, 2,1 millones; y a la exconseller Joana Ortega, 0,8.
A partir de este lunes se requiere a los afectados este afianzamiento y, si no se paga, se procederá al embargo de bienes.
Entrena ha explicado que, dado que hay cantidades que se exigen solidariamente, "habrá que ver si se exige la totalidad a todo el mundo o parcialmente a cada uno de los responsables solidarios".
Por ello, ha explicado que está pendiente por concretar la cuantía definitiva de cada una de las fianzas y las respuestas, en su caso, ante una falta de afianzamiento.
El abogado ha hecho hincapié en que no se dan los requisitos para exigir responsabilidades contables y ha añadido que "todos y cada uno de los pagos que se efectuaron tenían una buena ordenación contable".
Por ello, el abogado ha señalado que espera que se tengan en cuenta los recursos que se presentarán y, finalmente, la liquidación sea provisional y no definitiva.
Por su parte, la abogada de Francesc Homs, Montse Rosell, ha insistido en que se planteará un recurso por las "muchas y graves irregularidades" y ha asegurado que no se ha respetado ninguna garantía de los presuntos responsables. También ha insistido en la gravedad de las irregularidades y en el hecho de que se les exija un afianzamiento sin tener el más mínimo derecho de defensa.
