Vilalba bajará el tipo de gravamen y aplicará bonificaciones catastrales

El equipo de gobierno del Concello de Vilalba llevará al próximo pleno ordinario, que se celebrará a finales de este mes, una propuesta para tratar de mitigar los efectos en los vecinos del conocido como "catrastrazo", tras la revisión catastral y la actualización de los valores que se dio en los últimos años y que supone un aumento de unos 700.000 euros en la recaudación municipal, de los que 600.000 proceden de inmuebles de naturaleza urbana y el resto, de rústica. 

"Las posibilidades de actuación de los concellos son muy limitadas porque están sujetos a la Ley General Tributaria", recordó el alcalde vilalbés, Agustín Baamonde, que avanzó que el Concello actuará "en el margen que concede la propia legislación". 

Así, se aplicarán bonificaciones, que pueden llegar al 90% si se hace de oficio –a través de la modificación de la ordenanza correspondiente y su posterior aprobación en el pleno– o al 95% si se solicita individualmente –siguiendo el procedimiento anterior pero con casos muy concretos y que tienen que estar debidamente argumentados–. 

Estas bonificaciones solo se pueden aplicar a las edificaciones ligadas al uso agrario, pero no a las destinadas al uso residencial o vivienda, "sea en ámbito urbano o rural", explicó Baamonde. El regidor también avanzó que reducirán los tipos de gravamen del Ibi. "Lo máximo que podemos reducir es del 0,50 que está ahora al 0,40, que es lo mínimo. Aún estamos discutiendo hasta qué punto aplicar esa rebaja", reconoció, y añadió que no se tomaron medidas antes ya que "era necesario conocer los datos reales del impacto del catastro, algo que pasó ahora a principios de año". 

ATRASOS. El punto más conflictivo del "catastrazo" es la reclamación y abono de los atrasos en las edificaciones afectadas tras la última revisión y para los que "no hay posibilidad alguna de actuar el Concello más allá del fraccionamiento o aplazamiento del pago hasta un máximo de dos años". "Los interesados lo pueden solicitar al servicio de recaudación de la Diputación, que es donde tiene delegado este cobro el Ayuntamiento, o en las oficinas municipales", dijo Baamonde, que añadió que este punto supone un ingreso de aproximadamente 1,2 millones de euros, "aunque solo se recaudará el 60% más o menos". El regidor apuntó al respecto que las revisiones catastrales debían hacerse "en periodos más cortos", para evitar los problemas con los atrasos.