El Concello de Sarria tiene paralizados todos los pagos al no disponer de una plaza de tesorero con habilitación de carácter nacional, la cual viene determinada por una ley que entró en vigor el pasado día 1 de enero, según explicó el gobierno municipal, que responsabilizó a la oposición.
Por el momento, la situación no ha tenido graves repercusiones al estar abonadas las nóminas de diciembre, pero será «preocupante» si no se encuentra una solución en breve al mantener bloqueado cualquier tipo de pago por parte de la Administración local.
El problema no es exclusivo de Sarria sino que también afecta a otros municipios (cada uno lo gestiona de una manera), dado que la obligación de contar con un tesorero con habilitación nacional viene impuesta por una modificación del artículo 92 de la Ley de Bases del Régimen Local, una normativa estatal que busca con esta medida la profesionalización y lucha contra la corrupción.
Los concellos de más de 20.000 habitantes ya disponen de un funcionario con esta categoría y, en el resto de municipios, hubo un período transitorio de adaptación a la ley que finalizó el 1 de enero. En los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes existe la posibilidad de que asuma esta función el secretario, por lo que el mayor problema se plantea ahora en aquellos Concellos de 5.000 a 20.000 habitantes en los que no se creó la plaza de tesorero, situación en la que se encuentra Sarria.
La persona que viene desempeñando este puesto no pertenece a la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, por lo que, en aplicación de la nueva ley, no estaría facultada para poder firmar los pagos, tal y como al parecer consta en un informe de secretaría. «Se firmara incumpriría a lei e nós nos podemos obrigar a ninguén a saltarse un semáforo en vermello», señaló el teniente de alcalde, Efrén Castro.
El concejal recordó que la creación de la plaza de tesorería fue a pleno el pasado año en dos ocasiones (en mayo y en julio), siendo rechazada en ambos casos con los votos del PP y los ediles no adscritos, a los que responsabilizó de la situación que se produce ahora.
«Houbo unha neglixencia e unha irresponsabilidade por parte de quen impediu que se creara a praza», afirmó Castro, quien también opinó que el cambio en la ley «é bo, pero non o dotaron das ferramentas necesarias».
La oposición votó en contra de la creación de la plaza alegando que había reparos de intervención y que carecía de dotación presupuestaria para asumir un coste que calculó en unos 60.000 euros al año para el Concello.
Según la versión del gobierno, si estuviese creada, aunque no se llegase a cubrir habría fórmulas para que pudiese ejercer un tesorero accidental. El Ayuntamiento sarriano cree que desde la Xunta y el Gobierno central tendrán que reaccionar en un breve plazo para dar alternativas que ofrezcan seguridad jurídica a los municipios que en estos momentos carecen de una plaza de tesorero convocada.
CONSECUENCIAS. «Ata que se solucione este tema non se pode efectuar ningún pago», apuntó Castro. Según explicó, la primera consecuencia fue que el Concello no libró estos días la parte que le correspondía de una subvención concedida por la Xunta, hecho que, sin embargo, no supondrá una pérdida de la ayuda, matizó.
Otra de las repercusiones es un «retraso» en el abono de diversas facturas pendientes para cuyo pago el pleno autorizó el pasado año varios suplementos de crédito por importe de unos 600.000 euros. Por lo que respecta a las nóminas, el Concello suele abonarlas el día 25 de cada mes, explicó, fecha para la cual se espera dar una solución para librar estos pagos. El bloqueo de tesorería afecta también a la residencia de mayores, ya que depende del Concello.
