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ESTA SEMANA los lucenses comprobaron que su administración más cercana está a la cola de España en aplicar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que debe entrar en vigor en varias fases antes de finales de 2015. El dato lo aportó el grupo municipal del PP tras dar a conocer esta semana un test elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que comparó 144 ciudades españolas con más de 50.000 habitantes. A Lugo la sitúan en el puesto 109 y con un suspenso como nota, dado que sumaba solo un 2,05 puntos sobre un total de 5.
El gobierno local no quiso ni responder a las críticas de los populares sobre esta retrasada posición en el ránking y, por si fuera poco, incluso hizo méritos para contribuir a una caída en las posiciones, ya que tras ser preguntado el ejecutivo por los periodistas sobre el importe facturado por la empresa concesionaria Urbaser por los meses en los que hubo huelga de la basura, se denegó el dato a la prensa en un intento de esconder a la ciudadanía información que es obligatorio hacer pública.
No son nuevas estas actitudes por parte del gobierno local, que en ocasiones pone como justificación a los medios de comunicación que piden datos «que los funcionarios no están para eso» o que se puede vulnerar la Ley de Protección de Datos.
Pero al igual que les ocurre a los periodistas que ingenuamente quieren saber qué están haciendo los munícipes con los impuestos que pagan los lucenses, los concejales de la oposición suelen encontrar obstáculos cuando tratan de recabar información municipal. El último incidente también tuvo relación con la huelga de basura, dado que el portavoz del PP, Jaime Castiñeira, denunció que no se le hubiese facilitado una copia del acuerdo final al que llegaron la empresa y los trabajadores, y que también firmó el teniente de alcalde y concejal de medio ambiente, Luis Álvarez.
Pero polémicas políticas al margen, lo que parece claro es que al Concello de Lugo le queda mucho camino por recorrer hasta ser considerada como una administración de cristal, en la que el ciudadano pueda conocer con un simple clic en la página web a dónde va a parar cada céntimo del presupuesto y qué decisiones se toman en los diferentes órganos de gobierno.
Precisamente, el acceso a la información por parte del ciudadano fue uno de los capítulos ponderados en el test de transparencia realizado por la Universidad Rey Juan Carlos y una simple comparación de las páginas web del Ayuntamiento lucense con el de Vigo, que logró el aprobado en la prueba, demuestra que hay datos que se le están ocultando al ciudadano, como, por ejemplo, el de los emolumentos que reciben los concejales y el personal de confianza del gobierno, empezando por el alcalde. Y es que mientras el Concello de Lugo elude informar sobre este aspecto, el de Vigo incluye en su web un gráfico en el que aparecen los salarios del regidor, de los ediles con dedicación exclusiva y parcial, así como de los asesores y personal de confianza.
Claro que aunque la información sobre los salarios en el Concello es la que más interés puede despertar en el ciudadano, no lo es menos la organización de su personal, aunque en este capítulo parece que ni siquiera el gobierno local es capaz de determinar las funciones de cada uno de sus trabajadores y si tienen o no autorización para desarrollar actividades compatibles con su puesto. De hecho, hace unas semanas el gobierno local informó a este diario de que no dispone de datos sobre cuántos empleados municipales disponen de permiso para trabajar también en el ámbito privado, alegando que tendría que revisar los expedientes de más de 700 operarios. La respuesta o bien refleja una falta de organización o desinterés por aportar luz a la transparencia que necesita una administración pública.
Las investigaciones judiciales en curso condicionan la transparencia
Aunque sí hay información del Concello de Lugo que ha despertado en los últimos dos años el interés no del ciudadano sino de la Justicia es la relativa a la contratación de servicios a empresas externas. El estallido de la operación Pokemon provocó que la jueza instructora ordenase recabar todo tipo de documentación de las oficinas municipales, sobre todo la relacionada con empresas acusadas de hacerse con contratos a cambio del pago de sobornos a políticos y funcionarios. Un número indeterminado de archivadores fueron trasladados al juzgado por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, que también realizó volcado de información de los discos duros de ordenadores municipales.
Pero como quiera que la investigación todavía sigue en curso, el gobierno local también utiliza el argumento de que la documentación está en poder de la jueza y bajo secreto para no facilitar información que afecta a concesiones tan importantes, desde el punto de vista del dinero que mueven, como la Ora o la grúa municipal.
La Federación Española de Municipios y Provincias elaboró hace tiempo una normativa sobre transparencia con el objetivo de que sirviese de base a los ayuntamientos para elaborar ordenanzas específicas con las que poder adaptarse a la ley. El Concello de Lugo todavía no ha dado ningún paso en este sentido, a pesar de las propuestas presentadas por los grupos de oposición.
Los casos de corrupción que han salpicado a los ayuntamientos de España en los últimos años y que también colocaron durante meses a la capital lucense en los grandes titulares deberían de ser argumento suficiente para empezar a poner luz y taquígrafos sobre una administración que en Lugo mueve al año un presupuesto de 90 millones de euros y que debe justificar el buen gobierno no solo con palabras, también con números.
(*) Artículo publicado el sábado día 15 de noviembre en la edición impresa del diario El Progreso.
