La propietaria del bajo del número 126 de Camiño Real vive desde hace tres años una situación de pesadilla que no tiene visos de mejorar. El edificio -que consta de dos pisos y bajo cubierta, además del bajo- fue okupado sucesivamente por varias familias que han creado constantes problemas de convivencia en el entorno y que han deteriorado el inmueble. A la mujer, que prefiere no hacer público su nombre, esta situación le impide alquilar el local, pero no puede denunciarlos para proceder al desalojo porque los pisos no son suyos, sino que pertenecían a una constructora lucense hasta que fueron embargados. La Agencia Tributaria los subastó, pero la puja quedó desierta, por lo que nadie se preocupa de los inmuebles. A su vez, debido quizás a que ella es una persona física fácil de localizar, está asumiendo facturas y responsabilidades que no le corresponden, o solo parcialmente.
El Concello tiene previsto imponer una multa a los propietarios por no haber arreglado la fachada ni el tejado del edificio
Así, por ejemplo, señala que el Concello le cargó a ella el cobro de trescientos euros por el entronque a la red de agua que hicieron los okupas. La administración local también le exigió en 2014 el arreglo de la fachada y la cubierta que hasta ahora no realizó porque considera que no le corresponde a ella, o al menos no en su totalidad, pero tiene miedo de las consecuencias que le pueda acarrear no hacerlo, tanto en forma de multas como de responsabilidad civil. «Si cae una baldosa y hace daño a alguien, ¿quién es el responsable?» se pregunta.
Según el departamento municipal de Patrimonio, el edificio tiene una orden de ejecución decretada en septiembre de 2014 en la que se le requiere a los propietarios que le constan al Ayuntamiento -una persona física y una sociedad- la limpieza, pintado, restauración y reposición de cristales de la fachada, revisión de la cubierta y eliminación de las losas con peligro de desprendimiento. Fuentes del Concello señalaron, además, que está previsto imponer una multa coercitiva por la inejecución de estas obras. «Yo no sé qué voy a hacer de mi vida: unos me dicen que lo arregle que si no van a venir contra mí y otros me dicen que no lo haga porque no me corresponde» dice con angustia y rabia.
La propietaria asegura que intentó por todos los medios ponerse en contacto con la constructora, sin éxito. Comprobó en el registro que la empresa sigue figurando como propietaria de los pisos y la denunció para conseguir por vía judicial que se hiciera cargo de los gastos que le correspondían y de sus responsabilidades, pero no se personaron y no ha conseguido nada por esta vía.
Asegura también que cuando le tocó hacer la Inspección Técnica de Edificios (ITE), nadie se la quiso hacer porque el edificio estaba ocupado, por lo que le dijo al Ayuntamiento que mandara a sus técnicos a hacer la del bajo y que le pasaran el recibo, pero tampoco fueron. A este respecto, el Concello indicó que la ITE es un trámite obligatorio para el que no hay que hacer solicitud y la de este edificio en concreto no fue realizada.
La mujer, ya jubilada, se siente indefensa y sobrepasada por todo lo que está ocurriendo. «Tenía ahí mi seguro de vejez y ahora está todo paralizado, y además verlo de esa manera», añade.
