El juzgado de lo Social número 2 de Lugo ha declarado "improcedente" el despido de la técnico de coooperativismo de Sarria y condenado al Concello a readmitir a la trabajadora.
El Ayuntamiento sarriano prescindió de la oficina de cooperativismo el pasado mes de mayo, en una decisión rodeada de polémica. El servicio, que funcionaba desde 2012, beneficiaba también a Láncara, Paradela y Triacastela, con los que Sarria abrió una brecha a raíz del cierre de esta prestación.
La oficina venía recibiendo cada año subvenciones de la Xunta de Galicia para su mantenimiento, aportando los municipios beneficiarios la parte restante. En esta ocasión el Concello de Sarria inició los trámites para acogerse a la ayuda, pero desistió de seguir con el procedimiento, por lo que se quedó sin subvención.
El Concello argumentó que no hubo despido sino terminación de un contrato vinculado a una subvención
La alcaldesa alegó en aquel momento que los tres concellos restantes no habían contestado a la solicitud de adhesión, lo que generó malestar en estos Ayuntamientos. Según explicaron dos de ellos, la razón de no responder fue precisamente porque el Concello de Sarria les indicó en conversaciones telefónicas que no tenía intención de renovar el convenio.
Así las cosas, la oficina de cooperativismo cerró y la persona que llevaba el servicio se quedó sin trabajo, tras lo cual acudió a la vía judicial para pedir que el despido, que se hizo efectivo el 31 de mayo, se declarase nulo o, subsidiariamente, improcedente.
El Concello argumentó que no hubo despido sino terminación de un contrato vinculado a una subvención, pero una reciente sentencia acaba de darle la razón a la trabajadora. El juzgado entiende que la relación laboral con el Ayuntamiento era indefinida, "al no haberse concretado el objeto para el que se había contratado a la actora, ni justificado la temporalidad de dicho contrato y sus prórrogas". Dice también que la demandante hacía más funciones de las propias de su contrato.
Por ello, declara improcedente el despido y condena al Concello a readmitir a esta persona en su puesto de trabajo, "con las mismas condiciones laborales que tenía y abonando los salarios pendientes de percibir desde la fecha del despido a la de la readmisión", dándole también la opción al Ayuntamiento de indemnizar a la trabajadora por la extinción de la relación laboral en una suma próxima a los 5.500 euros.
La Administración local se decantó por la primera condena, de modo que la empleada se reincorporará como técnico de fomento cooperativo en los próximos días.
