El Concello de Sarria tendrá que realizar una modificación de crédito para habilitar presupuesto con el que hacer frente a los pagos a una trabajadora a la que una sentencia judicial le reconoce una subida salarial y el cobro de atrasos de cinco años.
La cuantía que percibirá no fue concretada, pero se presume elevada ya que la trabajadora estará en el grupo A1, en el que se incluyen el secretario y la interventora. A este mismo grupo pertenece también la plaza de tesorero con habilitación de carácter nacional creada en el Concello en aplicación de una norma estatal, la cual vino rodeada de polémica porque a principios de año su inexistencia derivó en la suspensión de pagos.
La trabajadora, con contrato desde 2004, presentó una demanda judicial en marzo de 2013 tras agotar la vía administrativa para reclamar las retribuciones de un funcionario interino del grupo A1 al resultar equiparable por tener una licenciatura en Derecho.
La propuesta del Concello de retribución, con un complemento específico de 17.000 euros al año, tendrá que ser llevada al pleno
Aquella demanda fue desestimada en origen, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la resolución por no estar motivada. En septiembre de 2016, un juzgado de Lugo emitió una nueva sentencia en la que aplica a la trabajadora el artículo 9 del Acordo Marco Básico Municipal del Concello, según el cual "como normal xeral páctase para os contratos temporais de longa duración retribucións nas mesmas condicións que as que perciben os funcionarios interinos conforme á lexislación vixente". En consecuencia, acuerda también que le sean abonados los salarios correspondientes a un funcionario interino de su categoría con efectos desde el 1 de febrero de 2012.
Esta resolución motivó el viernes una mesa de negociación en la que el Concello trasladó a los sindicatos una propuesta de retribución para esta persona con un complemento de destino nivel 26 y un específico de 17.000 euros al año. La cuantía deberá ser aprobadas por el pleno y se someterá a debate en la sesión de junio previo informe de intervención.
La alcaldesa culpó al anterior gobierno, dijo que la sentencia confirma la necesidad de la RPT y que desde su llegada encontró "varias situaciones al margen de la ley" en materia de personal. El asunto se prevé polémico porque la oposición ya redujo en su día el complemento específico de la plaza de tesorero de 20.000 euros a 8.000 al considerarlo elevado.
