El Concello de Ribadeo quiere incluir una casa en ruinas en su inventario

Se trata de una casona señorial en la Atalaya que por error se le adjudicó a un embajador
Vivienda ubicada entre los números 2 y 4 de la calle Bispo Veres
photo_camera Vivienda ubicada entre los números 2 y 4 de la calle Bispo Veres

En la política del gobierno nacionalista ribadense de instar a los dueños de las casas del casco antiguo a restaurarlas, la alcaldía se topó este año con un caso que acaba de resolver: se trata de una vivienda en ruinas ubicada en el barrio de la Atalaia. Tras declarar en estado de ruina el inmueble el pasado 27 de agosto, el Concello acordó imponerle a los supuestos propietarios su primera multa coercitiva de 3.000 euros por este abandono y, como en seis meses, no fue abonada, anunciaron la ejecución forzosa. El embajador Yago Pico de Coaña, a quien por un error burocrático se le adjudicó la propiedad, aclaró que él no era el dueño. Ahora, el ente local se hará cargo de un edificio del que no constan propietarios.

Según reza en el registro de la propiedad de Ribadeo y como solicitó el propio embajador para aclarar que él no era el propietario del inmueble: "Examinados los libros del Archivo, resulta de los mismos que no figuran bienes inscritos en este registro en la calle Obispo Veres, 2-4 de Ribadeo". Así lo firmó Manuel Parga, registrador de la propiedad.

Tras aclarar el entuerto, y como avanzó este periódico hace tan solo dos días, el Concello "ten intención de inscribir no rexistro da propiedade a seguinte certificación do inventario de bens municipais", en referencia al citado edificio. "Dito inmoble, do que se descoñecen os actuais propietarios, foi declarado en ruína total por acordo da Xunta de Gobierno local en febreiro de 2015 e non consta inscripción algunha no rexistro da propiedade", rubrican desde la alcaldía.

La decisión de incluir en el inventario municipal una casa sin propietarios y en ruinas es necesario hacerla pública para que "calquera persoa que se considere con algún dereito sobre este ben, formule no prazo de 30 días as alegacións ou reclamacións procedentes" y por este motivo se anunció el pasado 29 de julio en el boletín de la provincia. La demolición parece la solución más viable.

Comentarios