El Concello de Melide ha remitido al juzgado de primera instancia de Arzúa el proyecto de creación de una red de biomasa en la villa, ante los indicios de falsedad detectados, "para que valore se aprecia ou non feitos constitutivos de delicto" en el proceder de la promotora, Medancli Servizos Enerxéticos. Además, iniciará el jueves en junta de gobierno trámites para anular la licencia de obras dada a la empresa para construir esas instalaciones. El ejecutivo local ya ordenó a mediados de julio la suspensión cautelar de los trabajos al apreciar irregularidades relativas al emplazamiento de la planta que surtirá de energía la red.
En un comunicado, el gobierno local, que lidera Dalia García, informó este miércoles de su rechazo a las alegaciones presentadas esta semana por Medancli a la paralización de las obras, una medida que adoptó el Concello ante esas presuntas irregularidades.
Desde el Ayuntamiento precisaron que, recabado el criterio de los técnicos, concluyeron que "as alegacións formuladas pola empresa carecen de calquera tipo de fundamento". Avanzaron, además, que la junta de gobierno local abrirá este jueves un expediente de revisión de la autorización concedida a Medancli, con el objeto de su anulación, "e de aí tamén que o goberno teña posto xa estes feitos en coñecemento da Xustiza, a fin de que os avalíe e actúe como considere".
El gobierno local rechaza las alegaciones de la empresa e insta al juzgado a que valore si hay hechos constitutivos de delito
POLÉMICA PLANTA. El proyecto presentado por la promotora de esta infraestructura incluía la colocación de 5.634 metros lineales de tuberías en 20 calles melidenses no afectadas por ningún tipo de protección. Pretendía emplazar la caldera de biomasa en la parcela 100 del polígono, junto al Ceip número 2, pero, ante las quejas vecinales por esa cercanía al centro educativo, la autorización la solicitó al final para la parcela 148 del mismo parque empresarial.
"Na documentación adxuntada para formalizar a solicitude, a compañía incluíu un estudo xeotécnico realizado na parcela 100, non na 148", denuncia el gobierno local, que constató en sendos informes que encargó a un arquitecto municipal y a la Policía Local que en la parcela 148, donde debería instalarse la planta, no había ningún indicio de obras.
Esta polémica actuación llegó el 24 de julio al pleno municipal, en donde, tras un debate bronco, se acordó por unanimidad pedir al Inega un informe sobre la ayuda de un millón de euros otorgada a la promotora de esta red.
Al igual que hizo en el pleno, el gobierno local volvió a defender el miércoles su gestión en este asunto, al caracterizarse por la "transparencia" y la "aplicación da lei".
