El bipartito tendrá que negociar el consejo de administraicón de Suplusa con Martínez o el PP

El gobierno bipartito de la Diputación de Lugo, formado por el PSdeG y el BNG, tendrá que buscar un acuerdo o bien con el Partido Popular o bien con el diputado no adscrito Manuel Martínez para nombrar el consejo de administración de la Sociedade Urbanística Provincial (Suplusa), un ente que está gestionando este año más de seis millones de euros.

El gobierno provincial acaba de convocar, a petición del Partido Popular, una junta general de esa sociedad pública para el próximo 7 de diciembre, una reunión en la que, previsiblemente, se procederá a la elección del nuevo consejo de administración, dado que algunos de los miembros de la anterior directiva ya son diputados provinciales después de las últimas elecciones municipales.

La portavoz del Partido Popular, Elena Candia, precisó que el capital social de Suplusa es "completamente público", de modo que también se rige por la Ley de Bases de Régimen Local y a su junta general están convocados los 25 miembros de la corporación provincial, como si se tratase de un pleno de la Diputación.

El consejo de administración está formado por nueve miembros, el presidente de la Diputación y otros ocho más, entre los que tiene que haber integrantes de todos los grupos políticos con representación en la corporación provincial, precisó Candia. Hasta ahora, el Partido Popular, "a pesar de tener doce diputados en la Corporación, sólo tenía dos miembros en el consejo de administración", se quejó Candia.

La portavoz del PP precisó que solicitaron la convocatoria extraordinaria de esta junta general de Suplusa "la semana pasada" por la "preocupación" de que se mantenga "paralizado" un organismo de "importancia vital" para la provincia, habida cuenta de que entre sus funciones está "el desarrollo de suelo industrial, el control de zonas verdes o la gestión de las residencias de la tercera edad".

Desde su punto de vista, el hecho de que el propio gobierno bipartito haya convocado esa junta para el 7 de diciembre, casi tres semanas después de haberlo solicitado, es muestra de "una dejadez total y absoluta".