El Ayuntamiento de Sarria se someterá a una auditoría para arrojar luz sobre la situación económica de las arcas municipales que, según el grupo de gobierno, es a día de hoy «gravísima».
El anuncio de la auditoría fue realizado formalmente ayer durante el pleno ordinario, después de que la portavoz del gobierno, Patricia Castro, diese cuenta a la corporación de la existencia de facturas retenidas por falta de liquidez por importe de dos millones de euros, a las que se suman otras facturas presentadas en los últimos meses que suponen al menos otro millón de euros más.
Entre los datos que salieron a la luz figura una deuda de 300.000 euros con Fenosa. «Levan un ano sen pagar a luz e están a punto de cortárnola», afirmó el alcalde, José Antonio García, que atribuyó la situación económica actual a la «nefasta xestión del tripartito».
El exalcalde y portavoz socialista, Claudio Garrido, recordó que ya en 1999 se hizo una auditoría, y reconoció que el Ayuntamiento «tiene un problema de liquidez muy grande, pero no generado por el anterior gobierno, sino por todos», dijo. No obstante, Garrido pidió al PP que «no genere alarma» con los sueldos de los trabajadores del Concello, unos pagos que, según aseguró, «están garantizados» por las transferencias que recibe la administración local cada mes.
«La botella puede estar medio llena o medio vacía, pero es botella y tiene líquido», ejemplificó Garrido, a lo que García replicó que «a botella está vacía de todo».
Mociones
La economía centró un pleno en el cual el PP desestimó con sus votos las tres mociones presentadas por el PSOE. En dos de ellas, pedían la agilización de las obras del Peim correspondiente al año 2010 y la paralización de la orden de la Xunta para la aprobación de precios medios de mercado de inmuebles rústicos y urbanos.
En la tercera moción, los socialistas proponían que el dinero procedente de la venta de una parcela -que Fontecelta cedió al Concello a raíz del proceso de reparcelación- se destinase a mejorar los servicios básicos en Céltigos. El grupo de gobierno rechazó la propuesta y dijo que las obras a realizar se consensuarán con los vecinos de este núcleo. El asunto puede traer cola, ya que un vecino se opone a la enajenación de la parcela por parte del Concello alegando que no tiene la propiedad.
El pleno también aprobó la composición de las comisiones y de la junta rectora de la residencia. Está presidida por María Ana Fernández y tiene como vicepresidente a Manuel Valiña. El resto de miembros son Violeta Bernardo, Antón Fortes, Xermán Arias, Patricia Castro y Noelia Díaz.
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