¿Realmente se le puede arrebatar el inmueble a la familia por la vía legal?

Una opción sería la expropiación de un bien cultural y la otra, una reforma de la ley de memoria histórica que contemple casos así

Aunque el debate sobre el Pazo de Meirás está actualmente capitalizado por la irrupción de la Fundación Franco y alrededor de la función y legalidad de este colectivo, no hay que olvidar que el objetivo último de los críticos con la familia del dictador es el de despojarlos del inmueble para que este vuelva a titularidad pública. Pero, ¿se puede en realidad hacer esto por la vía legal?

En un debate en el que se mezclan lo jurídico y lo político, la vía que a priori parecería más sencilla sería la de la expropiación forzosa. Meirás es un bien de interés cultural (BIC) por lo que la Administración podría llegar a hacerse con el famoso pazo sadense en caso de constatar, por ejemplo, que no está bien cuidado o que se encuentra en una situación de deterioro tan importante que supone un riesgo para su integridad.

El jurista español Garrido Falla definía esta práctica como "una transferencia coactiva de la propiedad de un particular a la Administración pública, diferente de la compraventa en el Código Civil, lo que la convierte en una institución peculiar del Derecho Público, por razón del interés público y previo pago de una indemnización". Y ahí radica el problema, en que determinados sectores políticos y sociales no están de acuerdo con que haya que indemnizar a la familia Franco. Además, en las sucesivas visitas a Meirás, no se constató un deterioro del pazo que justifique la medida.

LA SEGUNDA VÍA. La alternativa a esa expropiación forzosa sería la vía político-jurídica que propuso En Marea el pasado mes de mayo en el Parlamento de Galicia. A través de una proposición de ley que tendría que remitir al Congreso de los Diputados defendía reformar la ley estatal de memoria histórica e introducir en ella una disposición adicional que permitiera de algún modo la recuperación del pazo, un mecanismo que además sería aplicable a otros supuestos similares. La razón de fondo sería que el pueblo donó el pazo a Franco en 1938 "bajo coacción".

Lo que ocurre es que esta medida exige un consenso político que por ahora no se dio, ya que el PPdeG vetó en O Hórreo con su mayoría la admisión a trámite de la propuesta de En Marea, alegando que, por un lado, la vivienda es un derecho fundamental del ser humano y que no estaría tan claro que se le pudiese sacar a los Franco; y por el otro, que también existirían dudas sobre qué administración —Concello de Sada, Xunta o Estado— tendría que hacerse cargo de la titularidad del inmueble. Tanto el Partido Socialista como el Bloque apoyaron en ese debate parlamentario la propuesta de En Marea.

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