La declaración efectuada por el alcalde de Viveiro, Melchor Roel Rivas (PSOE), en el juzgado número 2 de la ciudad del Landro, con motivo de la investigación que lleva a cabo este para esclarecer si se produjo un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de once licencias de obra, desvela que el primer edil vivariense reconoce que la adquisición u otorgamiento de los permisos, mediante la figura del silencio administrativo, es decir, después de finalizar el plazo de tres meses establecido para que el Concello conteste, se hizo «sin informes o con informes en contra», según le indicó al fiscal.
Roel aseguró a los medios de comunicación, tras su declaración, que las licencias otorgadas por silencio se condicionaron a la presentación de los informes y que en algunas se abrió un expediente de nulidad por no ajustarse.
El regidor aseguró ante una pregunta del abogado del Partido Popular, que ejerce la acusación particular en este caso, que «no es cierto» lo que manifestó la secretaria municipal en su declaración ante el juzgado respecto a que reiteradamente advirtió de que los acuerdos de adquisición de licencia por silencio no podían realizarse sin los preceptivos informes. La secretaria declaró en su día -antes que el alcalde- que «el experto urbanista Juan Pérez -quien definió los criterios bajo los que podían otorgarse licencias por silencio administrativo- dijo claramente, como cuestión esencial, que «se podían dar siempre que los informes fuesen positivos».
El regidor vivariense reconoce asimismo que en la junta de gobierno del 17 de noviembre de 2007 actuaba como secretaria del Ayuntamiento una persona no licenciada en Derecho. Roel no observa inconveniente en que dicha técnica no pudiese prestar asesoramiento jurídico, «porque la decisión ya se había alcanzado en la comisión informativa especial en que sí estaba la secretaria».
Respecto a dos licencias para construir viviendas unifamiliares en Area, la juez le preguntó por qué no las denegaron en la primera junta de gobierno, dado que aún quedaban dos meses y dos días para resolver. El alcalde respondió que no había informe jurídico negativo, que le fue mostrado en el momento de la declaración, ante lo que dijo que no había asistido a dicha junta, celebrada el 26 de septiembre de 2006.
Melchor Roel señala también que según les explicaron «adquirir es por imperativo legal» y que quien le asesoraba era la secretaria, «a nivel técnico y jurídico». Sobre la obra próxima a la iglesia de Covas dijo que el hecho de que el informe de Patrimonio fuese negativo no impidió la edificación, porque había dudas de si el mismo era obligatorio.
El letrado del PP quiso saber por qué se concedió licencia de primera ocupación a los edificios construidos con las licencias denunciadas si conocía que se instruían diligencias penales sobre dichos permisos. El alcalde apuntó que estas se dan en junta de gobierno previo informe técnico, pero reconoció que algunas se otorgaron por decreto, «pero siempre con informe del técnico a personas que tenían que hacer la escritura antes del 30 de diciembre, pero no por decreto, sino por advocación». Esto significa que las otorgó él mismo sin delegar en la junta.
Criterios
- Guerreiro duda sobre la validez de los informes técnicos
La declaración del entonces primer teniente de alcalde, Francisco Luis Rodríguez Guerreiro (BNG) arroja incluso dudas sobre la validez de los informes. El exconcejal llega a decirle al ministerio fiscal que «a conclusión do informe xurídico tiña moitas veces a consideración de provisional», porque la concesión de algunas licencias se deliberaba en varias reuniones y que «era posible que os técnicos cambiaran de parecer». Además, afirma que «en ningún caso se adoptou ninguna resolución descoñecendo os informes dos técnicos».
- Conclusiones
Para el ex edil nacionalista, «o que importa son as conclusións que se alcanzan na xunta de goberno», según dijo al preguntarle por qué otorgaba una licencia cuando el ingeniero decía en su informe que era suelo no consolidado y está prohibida cualquier construcción.
