El aborto pone al Hospital da Costa bajo lupa

La sentencia contra el Sergas por la que se condena al organismo autonómico a pagar 270.000 euros a una mariñana que derivó a Madrid para interrumpir el embarazo de un feto con malformación congénita y que acabó estéril, abrió la puerta a que se conocieran más casos que cuestionan las actuaciones del centro en este aspecto. 

La abogada Francisca Fernández Guillén, que llevó el caso de la paciente que denunció al Sergas, confirmó este viernes que tiene conocimiento de más casos en el hospital. Fernández Guillén, en declaraciones a Sermos Galiza, puso como otro de los ejemplos el caso de una mujer inmigrante brasileña que era madre soltera y cuyo hijo sufría graves malformaciones. La abogada explica que a la madre se le ocultaron estas malformaciones y tuvo al niño, teniendo que afrontar unas dificultades para sacarlo adelante debido a su estado de soltería y su situación económica. 

Casos como estos ponen sobre la mesa la delgada línea que separa los derechos de las pacientes y las de los profesionales, que tienen objeción de conciencia. El Sergas sostiene en sus comunicados sobre este tema que en Galicia hasta las 22 semanas de gestión se lleva a cabo la interrupción del embarazo garantizando así el cumplimiento de la ley en este sentido. A partir de esta semana, las mujeres se envían a otros centros respectado, de esta forma, el derecho de objeción de conciencia de los médicos. 

También sobre este tema, y preguntado sobre el mismo, se pronunció el jueves, tras el Consello da Xunta, el presidente en funciones, Alberto Núñez Feijóo, admitiendo que "se debe mellorar" la prestación en los hospitales gallegos en este tema. No obstante, recordó que en este asunto es necesario conciliar el derecho de pacientes y profesionales.