El abogado Gustavo Galán ha alegado este martes en el juicio del caso Gürtel que la exadministradora de empresas de la trama corrupta Isabel Jordán, para quien la Fiscalía pide 39 años de prisión, está siendo tratada como una terrorista de Eta al ser acusada de asociación ilícita.
La Audiencia Nacional ha reanudado la fase de informes de los defensores de los 37 acusados en este caso, correspondiente a la denominada primera época de Gürtel (1999-2005), entre ellos el presunto cabecilla del entramado, Francisco Correa, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.
Este martes ha emitido su informe final el letrado de Isabel Jordán, que se enfrenta a dicha pena al haber estado relacionada con tres de las empresas del grupo de Correa a las que, según la Fiscalía, se adjudicaban contratos por parte de administraciones con lo que los implicados se apropiaban de fondos públicos y se repartían comisiones ilegales.
Gustavo Galán ha pedido la absolución de Isabel Jordán al considerar que no ha quedado probado que delinquiera y ha mantenido que no se la puede acusar de asociación ilícita ya que en la época de los hechos era un delito que se aplicaba a organizaciones como la banda terrorista ETA.
Ha añadido que no fue hasta la reforma de la Ley de 2010 cuando se regularon de forma separada las asociaciones ilícitas de otras como las bandas terroristas.
Además ha rechazado la acusación de la Fiscalía de que Isabel Jordán tenía una red de contactos políticos ya que a su juicio no se ha demostrado salvo los encuentros concretos que tuvo para la organización de eventos, y además ha recordado que no era administradora de todas las empresas del grupo de Correa.
Galán ha recordado que Isabel Jordán manifestó que se quedó como administradora de tres empresas del grupo ya que "ellos no podían estar", en referencia a implicados en la trama, después de que la revista Interviu publicara en 2005 un reportaje titulado "Las amistades peligrosas de Alejandro Agag".
Pero ha destacado que en el juicio se ha demostrado que Isabel Jordán se encargaba de cuestiones técnicas como directora de eventos y no de las económico-financieras y ni de la facturación y además ha subrayado que no cobró cuantías algunas más allá de su sueldo por figurar como administradora.
En este sentido ha puesto de manifiesto que mientras que el sucesor de Isabel Jordán en las empresas recibió desde 2007 105.000 euros en 16 meses ella solo percibió 169.000 en tres años.
Para Galán tampoco se han acreditado con un informe pericial adecuado del mercado los supuestos sobreprecios apreciados por la Fiscalía respecto a múltiples eventos de la Comunidad de Madrid, a muchos de los cuales asistió la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, adjudicados a empresas del grupo y de cuya organización y montaje se encargó Isabel Jordán.
Por otra parte, ha hecho referencia a una conversación de Isabel Jordán con el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que destapó este caso al aportar unas grabaciones telefónicas.
Según ha relatado el abogado, Peñas explicó que Isabel Jordán le llamó asustada diciéndole que "lo quería dejar", que "era la primera vez que oía hablar de cajas B" y que le daba "miedo que le echaran la culpa de lo que pasaba".
Entre los acusados se encuentran también los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, considerada por la Fiscalía partícipe a título lucrativo al igual que el Partido Popular.
