Protestas ecologistas por un molino de viento al pie de la Cova da Serpe

La presencia de un molino del parque eólico de Cova da Serpe al pie de la cueva del mismo nombre provocó las protestas del colectivo ecologista Adega, que pide su traslado o supresión al considerar que pone en peligro este elemento geológico, que estaría protegido por la Ley del Patrimonio Cultura de Galicia.

Por este motivo, el colectivo ecologista, en cooperación con la Asociación Cova da Serpe de Friol, envió un escrito a la Delegación de Innovación e Industria de Lugo, en el que reclama que se solicite de la Dirección General de Calidad y Evaluación de Impacto Ambiental la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental", de forma que así se garantice la protección de este paraje.

El colectivo ecologista se muestra extrañado por que la Cova da Serpe, protegida en las Normas Subsidiarias del ayuntamiento de Friol (Lugo), no aparezca citada en el Informe Técnico de Prospección Arqueológica del Estudio de Impacto Ambiental. Miembros de esta asociación denunciaron que en este informe sí recoge, por el contrario, la escombrera de una cantera de reciente explotación con la consideración de arqueología industrial.

Ambos colectivos reclaman que, como medida cautelar, la empresa constructora del parque no realice ninguna obra que pueda afectar a Cova da Serpe. Asimismo, demanda que la delegación de Innovación e Industria traslade los hechos a la delegación de Cultura y Deportes para que se proceda a "ordenar las medidas oportunas que impidan la destrucción" de este paraje.

Adega señala que, por otra parte, se incumple la Declaración de Impacto Ambiental, ya que, aunque ésta establece un perímetro de protección de 50 metros desde el borde más externo del elemento protegido, la pista central de este parque eólico pasa a menos de tres metros de los restos de una de las mámoas.

Igualmente, lamenta la existencia de hábitats prioritarios "innecesariamente afectados" por las obras de construcción de este parque eólico.

Finalmente, Adega considera que la Administración tiene "la autoridad y está obligada a disponer de los medios para asegurar la protección del patrimonio público", sin que tengan que intervenir las organizaciones ecologistas.

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