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Desplumados por el FROB

SILENCIARLO TODO. Esa era, textualmente, la consigna por la que optaron al alimón los gestores de Novagalicia Banco y los altos funcionarios del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca, su propietario entonces, para cerrar la entrada de los inversores gallegos en el capital de la entidad. Silenciarlo todo a sabiendas de la difícil situación del banco, de los cambios normativos que se avecinaban y de unas necesidades de capital que incluso estaban ya sobre la mesa del Banco de España. Las primeras sentencias que declaran nulos los contratos, prueban la existencia de dolo en el consentimiento y obligan al Estado a reintegrar lo invertido afectan a grupos como Gadisa, Inveravante o Rodman-Polyships, entre otros, pero calcan los argumentos y apuntan a una cadena de decisiones judiciales prácticamente indénticas, que se conocerán en breve.

Repasar los fundamentos de derecho de las primeras sentencias permite armar una secuencia temporal que no tiene desperdicio y hasta ahora era desconocida, ya se que basa en las actas de la comisión ejecutiva de NGC y de su propio consejo de administración. Resumen, básicamente, ese juego de niños en el que se embarcaron los gestores de la entidad, como cuando el hijo oculta al padre las notas del colegio y los suspensos solo para ganar tiempo, a sabiendas de que a final de curso llegará el «bacarrá».

Y, como en un thriller de acción, las sentencias permiten reconstruir las trepidantes semanas que transcurrieron entre la aceptación por parte de los inversores y su entrada en el capital, con firma en la notaría incluida, y lo que realmente se estaba cociendo en la sede de Rúa Nova, donde tenía su base de operaciones Novagalicia, y en los despachos del FROB y el Banco de España.

Por ejemplo, la jueza considera clave, a la vista de las actas del consejo de administración, pasajes como los protagonizados por José María Castellano, entonces presidente de NCG; César González Bueno, consejero delegado, y el director financiero, cuando mantuvieron una reunión en el Banco de España la misma semana en que los inversores firmaron su entrada en la entidad, poniendo 70 millones de euros. El motivo de la reunión, muy simple: se abordó «la cuestión relativa al registro de pérdidas y ajuste de la fusión». En ese momento, enero de 2012, los gestores de la entidad ya sabían que las pérdidas ocultas se elevaban a 1.600 millones de euros, y debatían entonces su aplicación contra reservas o no. También tenían constancia ya, según remarca la jueza,de que el Gobierno iba a promulgar en las semanas siguientes una nueva y dura regulación sobre la provisión de activos inmobiliarios que a la postre resultaría demoledora y oglibaría a un nuevo rescate de Novagalicia.

Reuniones del Comité de Auditoría de NCG convocadas para el mismo día de la firma de los contratos por parte de los inversores, un 12 de enero, que fueron aplazadas «sin explicación alguna» y que se celebraron una semana después, abordando «las pérdidas latentes» de la entidad, dejan en muy mal lugar al equipo de Novagalicia. Y la presencia del director general del FROB y de los directores de Supervisión y de Inspección del Banco de España en las reuniones previas celebradas con Castellano y su equipo en Madrid abren la puerta de par en par a una connivencia total en el proceso.

Resulta muy triste comprobar como son los jueces quienes al final ponen orden en el sector financiero y recostruyen verdades que unos cuantos se afanaron en ocultar. Porque «ocultación» también es una palabra muy repetida en las primeras sentencias. Sucede con Novagalicia, también con Bankia, como hemos visto esta misma semana, y con muchas otras entidades. En este caso, el FROB, que es lo mismo que el Banco de España, ha sido condenado en primera instancia, estimando íntegramente las demandas. Habrá recurso.

Ahora, conviene extraer algunas conclusiones. Primero, que en este país cunde ya la sensación, y con razón, de que no nos merecemos los reguladores y supervisores bancarios que tenemos. Segundo, que a nada conducen estrategias poco menos que suicidas por parte de algunos gestores empecinados en sacar adelante proyectos como el de NCG si la realidad y los números se empeñan en decir lo contrario. Tercero, la inseguridad generada por este caso a buen seguro obliga a extremar las precauciones a cualquier empresario ante una inversión, pero eso no debe condicionar su apuesta por proyectos en Galicia siempre y cuando sean sólidos y solventes. Y, por último, nuestra clase política debe aprender también su lección, cuando entre bambalinas tantos hilos movió para «regalleguizar» Novagalicia.

Soria y su eterno ninguneo a Galicia

EN OCASIONES es mucho mejor que los acontecimientos se precipiten, toda vez que las cartas están ya sobre la mesa. Llegados a ese punto, conviene no perder un día. Y tomar decisiones. Alcoa ya ha enseñado los dientes, con el anuncio explícito del cierre de las factorías de A Coruña y Avilés si no logra una tarifa eléctrica competitiva. Escojan epíteto. Es cierto que son las plantas menos competitivas, frente a la joya de San Cibrao, pero no lo es menos que la última vez que el ministro de Industria visitó las instalaciones del grupo en Galicia, hace prácticamente un año, aseguró que Alcoa no dejaría España por los costes energéticos. Y a esas volvemos.

José Manuel Soria es un especialista en tener a todo el mundo cabreado, excepto al presidente del Gobierno, y ha trasladado el mantra de la austeridad a la reducción del déficit, en este caso de la tarifa eléctrica, como si del alumno más aventajado de Rajoy se tratase. Y olvida que los desajustes enquistados en el sector eléctrico vienen de muy atrás y no se resuelven en un año. Pero parece que le da absolutamente igual. Y si antes fue la reducción de primas al sector de las renovables, con la consiguiente parálisis eólica en Galicia, ahora toca el turno a lo que queda de nuestro sector industrial, y otra vez con la misma tesis: hay que reducir el déficit de tarifa, cambiar las reglas en mitad del partido y provocar un roto a los Alcoa, Megasa o Ferroatlántica de turno. Son ahora los contratos de interrumpibilidad, a los que se les da una mano de pintura aparentemente competitiva para ahorrar de nuevo. Soria mira para otro lado. Siempre lo hace. Hasta que ceda. Jarabe de palo.

JUAN CARLOS ESCOTET. Cambios laborales para la sufrida plantilla de Abanca

TOCA hilar fino. Tanto a sindicatos como a la dirección de Abanca. Dos reuniones no han sido suficientes para llegar a acuerdo alguno sobre los “sustanciales” cambios laborales que quiere introducir el equipo de Juan Carlos Escotet. Pero en esta historia, como en muchas, conviene ir por partes. Una cosa son las aperturas de oficinas por la tarde, algo que está ahí, que es casi de obligado cumplimiento en el sector financiero en los tiempos que corren, y que tarde o temprano llegará a Abanca. La dirección quiere que un total de 190 oficinas, sobre el centenar actual, abran por la tarde. Y otra cosa bien distinta es tocar los salarios. Las nuevas contrataciones pasarán a tener 18 pagas, sobre las 21 actuales, pero aquí lo importante es el bruto anual que cobren. Y, sobre todo, la masa salarial de los 4.874 empleados restantes que están subidos al barco desde hace años y engrosan la nómina de Abanca. Ahí está el hueso.

LUIS LAMAS. Sogama defiende su cuenta de resultados con luz y taquígrafos

PODREMOS estar de acuerdo o no con la incineración como método para resolver el problema de los residuos. Incluso poner en cuestión, por presuntamente electoralista, una reducción del canon de Sogama en un año que tiene en la agenda unas municipales. Sobre todo, tras la subida de este ejercicio. Pero lo que sí resulta meridianamente claro son las cuentas de Sogama, con las que muchos aprovechan para embarrar el terreno de juego. La compañía presidida por Luis Lamas cerró el 2013 con unos números rojos de 614.000 euros, frente a una previsión de pérdidas de 4,4 millones. Esta situación no parece excepcional. Sucedió algo similar en 2012 y en 2011, cuando el resultado previsto, en esos dos casos beneficios, estaba por debajo de las ganancias finalmente obtenidas. De ahí a falsear las cuentas, como acusan algunos, hay un larguísimo trecho.

(Publicado en la edición impresa el 6 de diciembre de 2014)

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