De Lara basa sus sosprechas sobre Orozco en las ''anotaciones de los pagos presuntamente realizados''

La jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara, aclara en el auto de intervención judicial de la empresa Cechalva, al que tuvo acceso Efe, que sus sospechas sobre supuestos sobornos al alcalde de Lugo, José López Orozco, y al exconcelleiro Francisco Fernández Liñares se basan, al menos en parte, en las "anotaciones de los pagos presuntamente realizados".

En base a las diligencias practicadas hasta este momento, la jueza sospecha de que la adjudicación a la empresa Cechalva, en 2005, del servicio de grúa para recoger vehículos mal estacionados, se hizo "fraudulentamente" gracias a información "privilegiada" obtenida por dos de sus socios, también imputados en la causa, "al conseguir el borrador de pliegos que regiría el concurso". Para ello, la juez sostiene que contaron con la "inestimable ayuda del entonces concejal del Concello de Lugo, Francisco Fernández Liñares".

La instructora sospecha que, "en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido", la empresa estuvo pagando "mensualmente" una suma de "dos mil euros", que "tendrían presuntamente como destinatarios al alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, así como al señor Fernández Liñares", del que en aquel momento "dependía directamente" ese servicio.

Según el auto, De Lara se basa no sólo en la "declaración de coimputados", sino "también en la vigilancia realizada sobre los sospechosos" y en pruebas documentales incautadas, dado que fueron interceptadas "anotaciones de los pagos presuntamente realizados". De hecho, precisa que "se evidencia" el pago mensual de esos 2.000 euros en las declaraciones prestadas por algún coimputado, así como en las "anotaciones encontradas en los registros" y en "alguna grabación audiofónica".

Igualmente, subraya la jueza, "a cambio de la adjudicación", la empresa Cechalva asumió el compromiso de "contratar a trabajadores supuestamente enchufados por ciertas autoridades y funcionarios públicos relacionados directamente con el servicio grúa". Desde su punto de vista, una "prueba del favor" del que gozaba esta empresa en el Ayuntamiento de Lugo es que "ha estado trabajando la friolera de cuatro años sin ningún tipo de licencia".

La jueza aclara en el auto que la intervención judicial de la empresa Cechalva es una "medida cautelar penal" con la que "no se pretende otra cosa" que "neutralizar la actividad delictiva de la entidad infractora", pues "no debe permitirse que el presunto delincuente continúe atentando contra importantes bienes jurídicos". En ese sentido, precisa que existen indicios de que Cechalva pudo haber cometido delitos de tráfico de influencias, obtención de información privilegiada, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Según la instructora, esos indicios se infieren de las pruebas documentales incautadas, del seguimiento y vigilancia practicada a los imputados, de los registros domiciliarios, de las escuchas telefónicas y de la propia intervención patrimonial.

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