De Guindos, sobre el Popular: "Era un banco zombi"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido este lunes la resolución y posterior venta del Banco Popular —al que ha calificado de "zombi"— ya que la alternativa a la intervención europea habría sido "no abrir el banco" al día siguiente y declararlo en concurso de acreedores.

Un escenario que habría provocado para el más de un millón de hogares depositantes del Popular "enormes retrasos e incertidumbres sobre la recuperación de sus ahorros", según de Guindos, que no obstante ha reconocido que algunas comunidades y ayuntamientos retiraron "fuertes" cantidades de depósitos de la entidad los días previos a su resolución. Una retirada que tal y como ha argumentado es lógica, ya que se trataban de recursos financieros públicas que afectaban a los contribuyentes.

Sin embargo, la Seguridad Social mantuvo un saldo muy superior a la media registrada en los últimos meses, según ha explicado de Guindos en su comparecencia a petición propia, en la Comisión de Economía del Congreso, en la que ha detallado el proceso de intervención del Popular, un banco que ha calificado de "zombi" y en el que su actividad crediticia estaba limitada. No obstante, ahora, tras ser adjudicado al Santander, "tiene posibilidades de competir", y "su negocio se va a utilizar mejor que anteriormente".

Como ha indicado el ministro, la decisión de intervenir al Popular fue adoptada por las autoridades europeas ante el "rápido deterioro" que sufrió su liquidez. Para hacer frente a este problema, el 5 de junio se activó un programa de liquidez de emergencia con el Banco Central Europeo (BCE), el conocido como Ela, que el Popular pidió ese lunes y el martes. Sin embargo, "la fuga de depósitos llegó a ser de tal magnitud que llevó a que, a las 15.00 horas de martes, se agotara la liquidez disponible y no se pudiera solicitar más.

"No habría podido abrir sus puertas el miércoles y, de no haber mediado la resolución, se habría desencadenado un procedimiento concursal ordinario", ha advertido el ministro, que ha recordado que el BCE declaró la inviabilidad del banco por problemas de liquidez.

Para de Guindos, la huida de depósitos también está muy relacionada con la rebaja de las calificaciones de deuda que ha sufrido el banco, y que dificulta el mantenimiento de los depositantes corporativos, que suelen exigir un nivel mínimo de nota. Hay una correlación "enorme" entre la salida de depósitos y cada una de las rebajas de calificación que se fueron produciendo por parte de Moody's, S&P o Fitch, ha añadido.

Ha recordado que tras el anunció hecho por el expresidente del Popular Emilio Saracho, sobre que el banco necesitaba ampliar capital, "pero sin detallar un plan de actuación concreto", se produjo una caída importante de la acción, y posteriormente Moody's rebajó de nuevo su calificación, lo que tuvo un "impacto inmediato" en los depósitos.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN. Todos los grupos de la oposición han criticado la falta de control y supervisión de los organismos españoles, desde el Banco de España hasta la CNMV y pasando por el Ministerio de Economía, y han afirmado que la entidad no tenía sólo un problema de liquidez sino también de solvencia.

Además, la mayoría han señalado que la venta del Popular sí traerá consecuencias económicas para los contribuyentes, y así el PSOE ha dicho que podría costar al erario público unos 1.800 millones de euros debido a los cambios en el Impuesto de Sociedades, y CC ha afirmado que habrá muchos empleados que se queden "en la calle" y muchos pensionistas sin acciones.

También han incidido en que la CNMV podría haber suspendido las operaciones a corto, tal como ha hecho hoy con Liberbank para evitar la especulación, y han criticado que la venta haya supuesto un "pelotazo" para el Santander y que no se haya publicado el informe de la consultora Deloitte sobre el análisis que hizo de la entidad antes de su intervención.

Ante estas críticas, de Guindos ha insistido en que el Gobierno no es ningún supervisor ni regulador y "no tiene inspectores en los bancos". Además, ha recordado que aunque el Fondo de Resolución se va a ir dotando anualmente y este año alcanzará los 17.000 millones, "a veces es difícil distinguir en un banco entre un problema de solvencia y de liquidez", y ha reconocido que "en estos momentos no hay un mecanismo para proveer a bancos con problemas de liquidez", un asunto que abordará en las próximas reuniones.