Preocupación, esperanza e incluso desolación. Unos sentimientos en apariencia muy diferentes, pero con un trasfondo similar, son los que genera en algunas de las personas que han vivido de cerca la violencia terrorista el reciente anuncio realizado por Eta del final de su lucha armada. Tras medio siglo de actividad, que ha dejado tras de sí un macabro registro de más de 850 personas muertas y miles de heridos, el comunicado de la banda sobre el abandono de las armas no ha dejado indiferente a nadie, pero estas personas, que residen actualmente o lo han hecho en algún momento en el País Vasco, reaccionan inevitablemente de otro modo ante el acontecimiento.
El exertzaina Javier Varela Quintás, de 44 años y jubilado tras haberle sido reconocida una discapacidad después de ser víctima de un atentado, recibió la noticia junto a su familia —esposa y dos hijas— en su actual domicilio de la parroquia guitiricense de Santa Leocadia. Para ellos fue un día en el que se agolparon muchos sentimientos contradictorios. «Yo, al principio, era escéptico, pero después me di cuenta de que era cierto, que la presión les había podido y que no han tenido más remedio que llegar a este punto de cese de la violencia. A mi mujer le dio un bajón enorme al revivir tantas cosas y tan duras, incluso tuvimos que llevarla a urgencias, y las niñas no dejaron de llorar en todo el día. Es mucha la rabia que se concentra al saber que el sufrimiento que hemos pasado nosotros y tantas otras familias, al final, no servía para nada», se lamenta.
Años difíciles
Su historia personal es la de un joven, hijo de padre friolense y madre orensana, que perteneció a la policía autonómica vasca durante diez años (1990-2000), tiempo en el que, recuerda, «sufrimos con intensidad la violencia de Eta, además de la presión y el acoso de la ‘kale borroka, que generó durante esos años muchas situaciones complicadas ». La gota que colmó el vaso fue el ataque de la banda terrorista a su domicilio particular estando él y su familia dentro. No sufrieron daños físicos, pero los psicológicos todavía los siguen acusando hoy, pues los cuatro precisan tratamiento psiquiátrico.
Pese a los más de diez años transcurridos desde que abandonaron el País Vasco y a la tranquilidad de la vida en Guitiriz, Javier asegura que «todavía se nos sigue haciendo muy difícil, por ejemplo, ver una noticia en la que se hable de terrorismo». Sobre la más esperada, la del fin de la lucha armada de la banda, añade que «se han visto acorralados, no han visto ninguna salida y por eso han llegado a este punto, pero estoy convencido de que van a seguir
manteniendo el pulso con las instituciones, porque querrán rentabilizar la situación al máximo. Van a poner condiciones e intentar conseguir el máximo peso en puestos públicos, y ahí el Gobierno debe ser firme», sentencia.
Aun con más contundencia se manifiesta Isabel Lolo Vázquez, hija de un emigrante originario de O Courel que sufrió un atentado en Portugalete (Vizcaya), donde trabajaba como policía municipal, que lo dejó postrado en una silla de ruedas hasta su fallecimiento en el 2003. Esta mujer de 38 años —tenía tan solo cuatro cuando su padre fue tiroteado por un etarra y que se trasladó a Lugo a vivir con él y su madre hace ya más de dos décadas— dice sentirse «descorazonada» y que le provocan «tristeza y vergüenza» tanto el modo en el que se ha producido el abandono de las armas por parte de Eta como el curso que, según ella, seguirán a partir de ahora los acontecimientos. Dice sin remilgos que «el Gobierno se ha puesto de rodillas ante los asesinos, hay demasiadas concesiones políticas y ellos no van a pedir perdón. No puede haber ningún tipo de negociación, porque eso equipara a víctimas y verdugos: no se puede hablar del fin de la lucha armada cuando los que atacaban eran ellos, mi padre no empezó ninguna guerra y lo tirotearon. Si él viera lo que está pasando...», y añade que «no se puede hablar de negociación, debemos exigir la rendición de Eta, la entrega de las armas y un cumplimiento íntegro de las penas, que sean castigados y no alentados, que es lo que está pasando. Los políticos y el Tribunal Constitucional les han abierto las puertas de entrada a las instituciones, como si todos los muertos y afectados no significasen nada, es penoso y lamentable».
Un duro descubrimiento
Más esperanzado, con sentimientos de «alivio y alegría», se muestra el ex futbolista y actual directivo de la SCD Durango, en Vizcaya, Fernando Bilbao. El que fuera jugador del CD Lugo a finales de la década de los 70 —todavía mantiene sus vínculos con la ciudad, a la que volvió hace apenas unos días con motivo de las fiestas de San Froilán— sostiene que la situación en el País Vasco «no era tan extrema como se percibía desde fuera, porque la gente creía que aquí había una guerra y no era así, pero sí es cierto que podías llevar una vida normal sólo si tenías la suerte de que un atentado no te tocase de cerca, porque eso lo cambia todo para siempre». Aunque, afortunadamente, no fue su caso, recuerda impresionado como «descubrí con indescriptible sorpresa, y en más de una ocasión, que conocidos, vecinos del barrio e incluso amigos eran miembros de Eta. En varios casos me enteré cuando fueron abatidos por las fuerzas de seguridad». A él le causó un especial estupor el caso de quien fuera su profesor de autoescuela, «un hombre callado y muy discreto, que supe que formaba parte de la banda cuando murió en un tiroteo ». Ahora, por esa gente conocida e incluso amiga que pertenecía
a Eta, pero «también por otros conocidos que estaban siendo extorsionados y ya no podían más», dice sentir una «profunda alegría» por la nueva etapa de esperanza que, a su entender, se abre en el País Vasco «no sólo para la tranquilidad de quienes vivimos aquí, sino también para el turismo, las inversiones...», concluye.
Apuesta conciliadora
Tampoco al bilbaíno Xabier Olandía, que lleva cinco años residiendo en Castro de Ribeiras de Lea, de donde es su pareja, le tocó la violencia terrorista de cerca, aunque «todos sabemos lo mucho que la gente ha sufrido estos años». Se enteró del comunicado de Eta a la salida de su trabajo, en Begonte: «Fue una sorpresa relativa, porque los acontecimientos apuntaban a que
este desenlace estaba próximo, el ambiente estaba últimamente mucho más relajado allí». Este joven está convencido de que «el fin de la banda no tiene marcha atrás» y se muestra partidario de que «participen en las instituciones, siempre que respeten el juego democrático y no haya más violencia ni amenazas. Que sometan sus ideas al voto popular», acaba.
