Crítica e impunidad

LA FIJACIÓN POR LA JUEZ Mercedes Alaya de una fianza de 29,5 millones de euros en el caso Ere de Andalucía a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez sorprendió por la cuantía y activó poderosos resortes de poder contra las investigaciones judiciales de presuntas corrupciones políticas. Las pretensiones de deslegitimar la acción judicial contra las presuntas corrupciones políticas se destapó también con Galicia desde posiciones ideológicas diferentes, y con la Gürtel. El caso de un edil del PP de A Coruña es una referencia bastante clara. El tono y el contenido de algunas de las declaraciones de esta misma semana contra la fianza a Magdalena Álvarez pudieron traspasar la legítima línea de la crítica a una decisión que pudiera técnicamente ser dudosa o no correcta, para situarse en un peligroso plano que parece situar por encima y libres de la acción judicial las decisiones políticas. Pudiera entenderse que algunas de esas críticas y opiniones defienden la impunidad en la gestión de los políticos y la política. Afirmar que las investigaciones judiciales sobre corrupción son un ataque al sistema, por la gravedad y consecuencias que se derivan de tal afirmación, exige argumentarlo con algo más que el malestar. Es en términos jurídicos, y se podría decir que en los ámbitos adecuados, donde han de formularse los argumentos y razonamientos técnicos que puedan existir en contra. Ni se trata de elevar a los altares mediáticos y de popularidad a una juez, aunque sume 46.282 seguidores en Facebook, ni de salir en tromba con valoraciones políticas deslegitimadoras. Una fianza civil de 29,5 millones de euros es una decisión grave, nadie lo negará, pero quien dude o cuestione la legitimidad de la misma no puede responder como si de un debate o una agresión política se tratase. El sistema tiene afortunadamente sus vías para la legítima defensa. Es la grandeza del mismo.