Cosital apoya al secretario y a la interventora en el caso del tesorero de Sarria

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Lugo (Cosital) defendió este domingo la actuación del secretario y de la interventora de Sarria en la polémica de la plaza de tesorero. Reprobó las manifestaciones realizadas sobre ellos durante el último pleno por considerarlas "improcedentes", "desproporcionadas" y que "atentan contra su honor y su dignidad". 

El colegio profesional, que preside Nadia Díaz, emitió un comunicado en apoyo del secretario y la interventora por las "imputaciones" realizadas en la sesión, celebrada el jueves y en la que se debatió la creación de la plaza de tesorero habilitado. En el pleno fue cuestionado un informe de estos funcionarios en el que advierten de un posible delito de usurpaciones de funciones públicas en caso de ejercer las tareas de tesorería un funcionario sin habilitación de carácter nacional. Después de que se emitiera este informe, el Ayuntamiento sarriano suspendió los pagos. 

Cosital defendió que el secretario y la interventora de Sarria elaboraron este documento "con el único y exclusivo fin de garantizar la legalidad vigente" ante el cambio de una normativa estatal que obliga a contar con tesorero con habilitación de carácter nacional a los municipios que tienen más de 5.000 habitantes. 

Estos funcionarios "informaron por escrito a la corporación indicando, como no puede ser de otra forma, que esta debe ajustarse al actuar a las leyes que conforman el ordenamiento vigente, y de las consecuencias que se derivarían de no hacerlo", señaló el colegio. 

Para esta entidad, como consecuencia de este informe, los dos trabajadores fueron objeto de manifestaciones que para el colectivo son "totalmente improcedentes, absolutamente desproporcionadas y atentatorias contra su honor y su dignidad, tanto desde el punto de vista humano como profesional". 

Desde el colegio consideran que no pueden tolerarse actuaciones "atentatorias contra la libertad en el ejercicio de sus funciones" de secretarios, interventores y tesoreros, quienes, apuntaron, son "un pilar fundamental" de los ayuntamientos por "velar por el cumplimiento de las leyes de sujeción de la administración al derecho". Insistieron que estos profesionales son funcionarios públicos "al servicio de la administración y de los ciudadanos" y "defensores estrictos de la legalidad" a la que están sometidos los concellos.