Condenado un vecino de Cospeito por construir una casa ilegal en suelo rústico

Aceptó 16 meses de cárcel y una multa. La Aplu ordenó el derribo de la vivienda, para la que además carecía de licencia, y el dueño recurrió al Contencioso

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo celebró ayer un juicio contra un vecino del municipio de Cospeito acusado de construir una vivienda de forma ilegal, en suelo rústico y sin pedir ningún tipo de licencia.

El hombre llegó a un acuerdo con la acusación y aceptó una condena de 16 meses de prisión, así como una multa de 3.360 euros. En cuanto al inmueble, la Aplu ordenó su demolición y el dueño se opone, un asunto que está pendiente de resolver en el Contencioso.

Según reza el escrito de acusación de la Fiscalía, desde marzo de 2013 hasta abril de 2014, el acusado construyó en suelo rústico no urbanizable -en una parcela con una superficie de 1.127 metros cuadrados- una vivienda unifamiliar «destinada a uso residencial y sin vinculación alguna a explotación agropecuaria».

El ministerio público explicó que dicha edificación constituye un «uso prohibido» en suelo rústico de protección ordinaria, «donde únicamente se permiten explotaciones agrícolas, ganaderas y viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas». Además, el acusado no solicitó en ningún momento licencia urbanística municipal ni de la comunidad autónoma.

El fiscal aclaró igualmente que la vivienda incumple también la legislación en cuanto a la superficie de la parcela, que es inferior a los 4.000 metros cuadrados exigidos para poder edificar.

«La construcción levantada por el acusado», expuso, «no es autorizada ni susceptible de posterior autorización y de legalización por no ser compatible con el con el ordenamiento urbanístico».

Aviso de demolición. En julio de 2013, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) abrió un expediente sobre esta construcción y en el mes de diciembre se ordenó la demolición de la vivienda. Su propietario fue acusado de un delito sobre la ordenación del territorio y el ministerio fiscal solicitó inicialmente para él dos años de cárcel y multa de 6.480 euros. El hombre llegó ayer a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, que rebajó su petición.

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