El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo condenó ayer a un armador que cobró una indemnización por la muerte de un marinero y no se la entregó a los familiares, que eran los beneficiarios. Además, el hombre les mintió y les dijo que la compañía aseguradora se negaba a pagar porque el trabajador había fallecido a consecuencia de una sobredosis de drogas.
El acusado reconoció ayer los hechos que se recogen en el escrito de acusación de la Fiscalía y pactó con el ministerio público una pena de seis meses de cárcel, que le será sustituida por una multa de 2.160 euros. Inicialmente, el fiscal solicitaba para él una condena de tres años de prisión, pero ayer rebajó su petición porque el acusado ya indemnizó a los familiares del fallecido.
Tal y como se recoge en dicho escrito, el dueño del barco -que tenía su base de actividades profesionales en la localidad de San Cibrao-, concertó en el año 2004 un seguro denominado Plan de Asistencia Familiar con la compañía Helvetia Seguros. Esta póliza daba cobertura en caso de accidente o fallecimiento a los marineros embarcados en el buque que explotaba su empresa.
Como la mayor parte de la tripulación era extranjera -fundamentalmente portugueses e indonesios-, el acusado figuraba en las pólizas como beneficiario del contrato de seguro para evitar dificultosos trámites, pero asumió la obligación de, llegado el caso, entregar el dinero de las indemnizaciones a las familias de los marineros.
El 29 de julio de 2007, un marinero falleció a bordo del buque a consecuencia de una sobredosis de drogas y la compañía Helvetia abonó al acusado la cantidad de 7.936 euros en concepto de indemnización. Tal y como explica el fiscal, el hombre «incorporó el dinero a su patrimonio, obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento».
El acusado cobró el importe y se limitó a decirle a la familia del fallecido que la aseguradora había rechazado asumir el siniestro debido a las causas del óbito, ya que el hombre no falleció a consecuencia de un accidente, sino de una sobredosis.
El armador fue acusado de un delito de apropiación indebida y ayer fue citado por el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo para ofrecerle la posibilidad de asumir su culpa y llegar a un acuerdo con el ministerio público, evitando así la celebración del juicio. Acusación y defensa alcanzaron finalmente un acuerdo.
