Condenado a 18 meses de prisión por la muerte de un empleado en su granja de Castro de Rei

El propietario de una explotación ganadera de Castro de Rei, J.A.G.G., ha sido condenado a un año y medio de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso de normas con otro de homicidio imprudente. El juez lo considera responsable de la muerte de uno de sus empleados, de 23 años, aplastado por una paca de paja mientras daba de comer al ganado, pese a que estaba contratado como auxiliar administrativo.

En el juicio celebrado a principios de este mes en el Penal 2, tanto la defensa como la Fiscalía habían solicitado la libre absolución, al considerar que el trabajador, un chico de 23 años, no tenía encomendada dicha tarea. El acusado llegó a declarar, apoyado por el testimonio de otros empleados de la explotación, que el joven solo se ocupaba de tareas administrativas y que murió mientras ayudaba en otras tareas por voluntad propia, porque era "muy buen compañero" y "un trabajador excelente".

Sin embargo, en su sentencia, el juez Alfonso Jiménez considera que todas las pruebas periciales presentadas y el testimonio de otras personas y vecinos desmontan "la pantomima" representada por el acusado y los compañeros de trabajo del fallecido, "que seguramente obedece a la presente y pasada relación laboral con el acusado, del que dependen".

De esta manera, da la razón en sus argumentos a la acusación particular, ejercida por la madre del fallecido y representada por el abogado Óscar Núñez-Torron. Así, considera probado que, pese a estar contratado como auxiliar administrativo, realizaba también habitualmente labores de cuidado del ganado y de la explotación.

El problema, considera el magistrado, es que lo hacían sin que existiera un plan de prevención y evaluación de riesgos, que sí se elaboró a posteriori precisamente incidiendo en las circunstancias que habían desencadenado el accidente mortal, y especialmente en la manera en que debían apilarse las pacas -de 300 kilos cada una- y manipularse para dar de comer a los animales. Ese plan indicaba que debían ser bajadas de la pila de manera mecánica y depositadas en el suelo antes de abrirlas, mientras que del suceso y de las declaraciones de algunos testigos se deducía que antes no guardaban esas precauciones.

Pese a la condena a 18 meses de prisión, el juez concede al acusado la suspensión durante tres años de la entrada en la cárcel, condicionada a que no delinca en ese periodo y a que pague la responsabilidad civil.