Concellos de Lugo con gran peso del sector ganadero están preocupados por el impacto de la nueva Lei do Solo en su desarrollo socioeconómico, ya que creen que impide ampliar muchas granjas. Los gobiernos de Friol y Castroverde, de distinto color político, han promovido acuerdos plenarios para que se cambie la ley, ya que dicen que solo permite reformar granjas en suelo rústico y lo prohíbe en núcleos rurales, en donde está la mayoría. La Xunta niega esas trabas y dice que los concellos tienen ahora más competencias.
En el centro de la polémica está la Disposición Transitoria Cuarta de la ley, en la que se basan los ejecutivos de Friol y Castroverde, de PP y PSOE, para afirmar que la Lei do Solo impide ampliaciones en núcleo rural, lo que complica esa actividad en el futuro.
«O 80% das granxas está precisamente en núcleo rural», alerta el alcalde castroverdense, el socialista Xosé María Arias. Dice que aunque la Xunta niega ese problema, los técnicos municipales afirman que, con la ley en la mano, los concellos no tienen margen de maniobra para autorizar esas obras. «Os problemas témolos nós cando chegan os gandeiros cun proxecto e piden licenza», dice Arias, que regenta una explotación.
Comparte esa opinión el alcalde de Friol, el popular José Ángel Santos, también ganadero. Tras recalcar que está de acuerdo con que haya ahora que construir las nuevas granjas lejos de las casas, pide cambios en la ley para permitir reformas en las que ya hay en núcleos rurales. «Teño que velar polos intereses dos veciños», dice sobre sus discrepancias con el Gobierno gallego, también del PP.
Los ejecutivos de Friol y Castroverde, de PP y PSOE, han promovido acuerdos plenarios para reclamar que se cambie la normativa
Según explica Santos, días antes de la entrada en vigor de la ley convocó una junta de gobierno extraordinaria para dar luz verde a varios proyectos para remodelar granjas, para que sus promotores no se viesen perjudicados, pero alerta de que «hai máis proxectos pendentes e poden quedar sen licenza», ya que los técnicos creen que sería ilegal dar ese permiso.
Arias y Santos recalcan que varios alcaldes se han interesado por las mociones que ellos llevaron a pleno, para presentar iniciativas similares. Citan, entre otros concellos, a los de Pol y Begonte.
En Friol, por un acuerdo unánime de la corporación, se pedirá a la Xunta que la polémica Disposición Transitoria Cuarta vuelva a redactarse igual que en la anterior Lei do Solo, de 2002, que no solo amparaba ampliaciones en suelo rústico, sino también en granjas «situadas en solo de núcleo rural». En Castroverde, en donde el PP se abstuvo, el pleno pedirá, además, que se elimine el límite que ahora se fija al volumen de esas ampliaciones (un máximo del 50% del volumen originario de la granja).
RÉPLICA DE LA XUNTA. Desde Medio Ambiente mantienen que la nueva Lei do Solo ni autoriza ni prohíbe ampliar las explotaciones en núcleos rurales, sino que da más margen de maniobra a los concellos, que disponen de más herramientas de ordenación urbanística para regular esas obras.
También recalcan que la norma nació del «consenso político e social», parte de la premisa de que «o 93% de Galicia é rural» y sienta las bases para lograr «un medio rural vivo», con actividad, garantizado al mismo tiempo su protección.
