Comienza la segunda jornada del juicio de las multas en Lugo

La Audiencia Provincial acoge hoy la segunda jornada del juicio por la supuesta retirada irregular de multas en Lugo, después de que ayer prestase declaración el ex subdelegado del Gobierno Jesús Otero y el alcalde de Muras, Issam Al Nagm, entre otros imputados, y de que el ex jefe provincial de Tráfico Julio González se negase a ser interrogado.

En la jornada de hoy prestarán declaración, entre otros imputados, el alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo Magdalena; el ex delegado de Cultura de la Xunta de Galicia en tiempos del bipartito, Juan José Molina, y el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Lugo José Rábade.

El abogado Miguel Vázquez González, que ejerce la representación legal del alcalde de Pedrafita, dijo estar "completamente convencido de que habrá una sentencia absolutoria" para su patrocinado, porque "los hechos que se le imputan no los ha realizado él", ni tampoco "los hechos imputados" son "constitutivos de infracción penal".

También hizo declaraciones a los medios de comunicación el ex concejal de Seguridad Ciudadana en el municipio de Lugo José Rábade, quien dijo que acudía a este juicio a "defender" su "inocencia". "Nunca me quitaron ninguna multa de tráfico. Las pago todas y lo puedo demostrar", añadió.

El juicio está transcurriendo, al menos de momento, de forma más ágil de lo que en un principio se podía esperar, por lo que, previsiblemente, hoy terminarán las declaraciones de los acusados y no serán precisas las seis jornadas reservadas en la Audiencia para la celebración de este proceso.

De hecho, previsiblemente, mañana no se celebrará la tercera jornada del juicio, que se retomaría ya la próxima semana.

El fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental.

Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.

Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también solicita una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el ex alcalde de Meira y concejal socialista Antonio de Dios; el ex concejal de Seguridad Ciudadana de Lugo José Rábade, y el ex delegado provincial de Cultura Juan José Molina.

También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por tratarse de un aforado.

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