Casi 800 negocios de la provincia están obligados a disponer de sistemas de seguridad. La mayoría son sucursales bancarias, aunque los locales de compraventa de oro han ganado peso. Esos son algunos de los datos hechos públicos ayer tras una reunión de la comisión mixta provincial de coordinación de la seguridad privada, que analizó el estado del sector en Lugo, en donde operan unos 400 vigilantes de seguridad.
En la reunión, que estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, responsables de los cuerpos de seguridad, profesionales del sector y sindicatos abordaron la problemática del intrusismo y coincidieron en la necesidad de erradicarlo totalmente, aunque constataron que es «prácticamente inexistente» en la provincia.
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