Cacharro salva a sus subordinados

Casi tres años tardaron en citar a Francisco Cacharro. El ex presidente de la Diputación, ya sin responsabilidad política alguna, compareció como testigo en el juzgado, a petición del fiscal, y se atribuyó toda la responsabilidad en la contratación directa de los proyectos de obra y en la compra de señales viarias. Su explicación —coincidente con la que meses antes había dado el secretario de la Diputación— fue que se trata de cantidades pequeñas y eso evita la mesa de contratación y que sea necesario pedir varias ofertas.

Cacharro dijo que encargó hace años un estudio de viabilidad, según el cual resultaba más económico para las arcas de la Diputación contratar los proyectos de obra a un gabinete ajeno que contratar más técnicos y aumentar la nómina de empleados públicos. Así, todos iban a parar al gabinete de Senén Prieto, propiedad de las mujeres del jefe de Vías y Obras y de su antecesor. Los cuatro están imputados —al igual que otro funcionario y empleados de Senén Prieto y Setramur— y este testimonio de su ex jefe los exculpa virtualmente de responsabilidad. Si ellos no tenían capacidad de decisión, no hay lugar a la presunta prevaricación, único delito en pie de la retahíla de figuras penales con la que empezó el caso.

El diputado socialista Manuel Martínez, encargado en la actualidad de Vías y Obras e Infraestructuras, explicó que desde la llegada del bipartito al gobierno provincial ese trabajo se realiza en San Marcos. Martínez matizó que ahora se hacen menos proyectos porque se concentran más las obras, mientras que en la época de Cacharro, a su juicio, el gasto en estudios era superior porque se disgregaban las inversiones que en la actualidad se agrupan.

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