LOS acontecimientos de los últimos días confirman que en España aún hay jueces. Aún hay jueces que no se detienen ante el poder. Y recuerda la parte positiva de la tradición histórica que cuenta que, al parecer, Federico el Grande, rey de Prusia y unificador de Alemania, con ocasión de las obras de construcción de su residencia de Sanssouci, cerca de Potsdam, quiso derribar un viejo molino que había cerca de los jardines.
El molinero litigó para impedirlo y le dijo al monarca: «Señor, aún hay jueces en Berlín». Cuando los jueces fallaron a favor del molinero que se llamaba Arnold, el rey como es lógico acató la decisión judicial subrayando que hasta él estaba sujeto a las decisiones judiciales.
Claro que no es tan fácil en ocasiones, al margen claro está de la sobreactuación de algunos jueces, que la hay, y de los que olvidan su sometimiento a la Ley, que es la que legitima la potestad jurisdiccional. Así lo deben percibir los jurisdiscentes si atendemos a lo que cabe deducir de la noticia de que Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización Rights International Spain, se han dirigido por escrito a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, solicitando interpele al Gobierno español. Denuncian además de las reformas acometidas «la presión política ejercida contra los jueces que investigan la corrupción, a través de descalificaciones vertidas en medios de comunicación por autoridades y miembros del ejecutivo». El escrito no se anda por las ramas a la hora de calificar esta situación: «Se pretende influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta» y que aquellos jueces «señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían potencialmente sufrir efectos disciplinarios».
Y también en lo concerniente a los premios. Sí, respecto de los jueces, cuando son incómodos se ha seguido en ocasiones la vieja técnica conocida desde antiguo como ‘promoveatur ut removeatur’, esto es, ascender aparentemente a un sujeto para quitarlo de en medio de tal forma que deje de estorbar.
Prohibidos como están los jueces especiales, en las comisiones de servicio, al concederlas y al ponerles fin, que una y otra pueden ser ocasión de muy malas prácticas, atendida la realidad de que pueden ser un coladero para poner en el lugar que convenga a quien se desee y quitar de en medio a quien resulte incómodo, y también al hacer nombramientos que conciernan a jueces que tramiten procedimientos que afecten al poder, la sociedad y la opinión pública deben estar atentas. Y han de hacerlo para que se pueda seguir afirmando que «aún hay jueces en España».
