Las asociaciones judiciales en Galicia han solicitado la convocatoria urgente de la Comisión Gallega de Policía Judicial, para revisar los mecanismos de coordinación, tras la muerte en Ourense de una mujer acuchillada por su marido cuando estaba hospitalizada por una agresión anterior.
Este caso ha suscitado críticas sobre la decisión adoptada para la seguridad de la mujer, a la que acompañó su marido en el hospital, cuando la policía no había descartado la posibilidad de que fuese él también el primer agresor, a pesar de que denunció un atraco, en el que la mujer recibió un golpe en la cabeza con una barra de hierro.
En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria expresan su repulsa por estos hechos y envían sus condolencias a la familia de la víctima, pero recuerdan que "adoptan a diario, dentro del marco legal, las medidas de protección que se consideran adecuadas para evitar y proteger a las víctimas".
Explican que "la adopción de esas medidas necesita de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la aportación de la información precisa para su adecuada gestión". Insisten en que "las medidas restrictivas de derechos solo pueden ser adoptadas en el curso de un proceso penal cuando existen indicios racionales de criminalidad, sin que sea suficiente la mera sospecha sin acreditación indiciaria", para lo que consideran "especialmente necesario reivindicar una vez más dotación de medios a las Unidades de Policía judicial que les permitan reunir todos los datos precisos con la mayor celeridad".
"La adopción de esas medidas necesita de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la aportación de la información precisa para su adecuada gestión", defienden
Las asociaciones de jueces destacan "el carácter excepcional del suceso acontecido en Ourense, en el que inicialmente se planteó una agresión por un tercero en el marco de un robo y, por ello, se desarrolló al margen de las previsiones referidas a los delitos de violencia de género".
Los magistrados abogan por la reflexión y la mejora "en la coordinación de los distintos intervinientes en la lucha contra la violencia de género".
Para ello, consideran que "en nada beneficia a esa mejora la difusión parcial de unas actuaciones judiciales secretas por naturaleza" y se lamentan de que "es demasiado fácil prever lo que podía suceder cuando se sabe lo que sucedió, por lo que reclaman "prudencia a la hora de valorar decisiones adoptadas cuando aún no se conocía la totalidad de los datos que ahora han trascendido".
Finalmente solicitan la "convocatoria urgente" de la Comisión Gallega de Policía Judicial, "al objeto de revisar los mecanismos de coordinación en vigor y profundizar en nuevos mecanismos que permitan evitar situaciones como las que desgraciadamente se han producido".
