El portavoz del grupo municipal del BNG en Lugo, Rubén Arroxo, que esta mañana se concentró junto a medio centenar de vecinos de la parroquia de Ombreiro para evitar la ejecución de la orden de demolición de una casa dictada por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), opina que sucesos como este demuestran que "hay dos formas de medir la justicia".
Arroxo se vio envuelto en el forcejeo que se produjo entre un grupo de vecinos, concentrado para apoyar a los propietarios de la vivienda -los hermanos David y Dolores María López Núñez-, y los agentes de la Policía Autonómica que trataban de acceder a la finca, hasta el punto de que en un momento dado se cayó al suelo.
Según su criterio, en este proceso se está ejecutando una demolición "a pesar de que hay una causa judicial pendiente", dado que la "orden derribo viene a nombre de una persona que no es la propietaria" de la vivienda, en este caso la madre de los dos dueños.
"Lo que pedían los propietarios es que terminase el proceso judicial, pero aquí primero se dispara y luego se apunta", lamentó.
Arroxo precisó que en este momento, después de que la policía accediese a la vivienda, se está procediendo a desmontar las puertas y las ventanas del inmueble, pero todavía no ha accedido maquinaria pesada a la finca, dado que la casa está "rodeada por tractores".
A pesar de las declaraciones de los propietarios de la vivienda y del portavoz del BNG, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio recordó que la orden para proceder a la demolición de la casa es "firme" tanto por vía administrativa como judicial.
Los juzgados "ratificaron" las resoluciones de la Aplu, dependiente de la Xunta, "en varias ocasiones", precisaron fuentes de la Consellería.
Subrayaron que el procedimiento, iniciado en 2004 tras una denuncia del Ayuntamiento de Lugo, tiene la finalidad de "restaurar el ordenamiento urbanístico".
Según el citado departamento de la Xunta, el expediente está a nombre de Raquel Núñez Roibás y no de sus dos hijos, que son los propietarios de la vivienda afectada, porque era "la promotora de las obras".
Agregaron que "así fue identificada por la Policía Local de Lugo en 2003", aunque "tanto la vivienda como el terreno" aún siguen registrados a nombre del padre, fallecido en 2006.
Los trámites administrativos fueron efectuados "con la madre como interesada, sin que en ningún momento" la mujer alegase "falta de legitimidad", añadieron.
Además, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio precisa que "los interesados son perfectamente conocedores de este procedimiento", dado que "en alguna ocasión fueron los hijos los que recibieron algunas de las notificaciones que se realizaron en estos años".
"Concretamente, figuran en el expediente hasta ocho acuses de recibo de notificaciones firmados por la hija de la interesada", incluso "la última, la de la notificación de la ejecución subsidiaria", puntualizaron.
