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Apagón a las renovables

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JUEGO SUCIO con la energía limpia. Pocas veces un real decreto se clava como un estilete en todo un negocio, el de las energías renovables, con el pretexto de desinflar una burbuja y el argumento de un déficit de tarifa monstruoso, que lo hay, es cierto. El drástico recorte incorporado a segmentos tan importantes como el eólico y, en menor medida, la solar fotovoltaica, la cogeneración y los residuos, genera un efecto que va por barrios, es decir, su impacto se puede medir según latitudes e implantación de dichas tecnologías. Y, desde luego, en algunos casos llega a echar por tierra lo que un día se diseñó como un modelo de crecimiento económico alternativo, como es el caso de Galicia. Por ello, la herida hoy es más profunda.Una suerte de puntilla, a ojos de la patronal eólica gallega, para rematar una faena que comenzó hace dos años con regulaciones dispares: medidas fiscales para la sostenibilidad energética, suspensión de retribución para las nuevas instalaciones renovables, medidas para corregir los desajustes entre costes e ingresos y medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema, entre otras. Todas ellas con un sujeto como impulsor, el ministro de Industria, José Manuel Soria, convertido en una especie de ogro regulador.La suya es una pulsión exprés: acabar con el déficit de tarifa acumulado (básicamente, diferencia entre lo que cuesta producir la energía y la retribución que obtienen las empresas) por la vía rápida, sin fijar un calendario lógico a ese golpe de austeridad ni reparar en daños colaterales, como pueden ser las inversiones ya realizadas.

Pero resulta que en Galicia esos daños colaterales son cuantificables. Y de forma meridiana. Por ejemplo, el plan de Soria consistía, y así se ha confirmado esta semana, en poner fin al sistema de primas y establecer lo que denomina una «rentabilidad razonable» a partir de los tipos del Tesoro a diez años. Es decir, como si fuera un producto financiero más, Industria garantiza una rentabilidad de un 7,4% antes de impuestos durante toda la vida de una planta. Esta norma se aplica de forma retroactiva, lo que ha desatado un auténtico pavor en el sector por la inseguridad jurídica generada y se traduce en la retirada de incentivos, como sucede con todas las plantas eólicas anteriores a 2005, que en España suponen un tercio del total. El problema se amplifica al comprobar, según cálculos de la patronal eólica gallega, que seis de cada diez de los 3.314 megavatios eólicos instalados en Galicia son anteriores a 2005, con lo que pasan automáticamente a vender la energía sin incentivo alguno. Casi el doble que en España. El roto, por decirlo así, es en esta comunidad mucho mayor. De ahí que esta agrupación, que aglutina a una veintena de grandes empresas del sector, de capital gallego y nacional, haya arremetido contra la Xunta de forma explícita, por poco menos que ponerse de perfil ante el problema que se venía encima.

El problema se conjuga en presente, no en futuro. Y ya no gravita sobre el desarrollo de los megavatios adjudicados por el Gobierno de Núñez Feijóo tras tumbar aquellos 2.325 del bipartito, por muchas facilidades en las autorizaciones que ahora se pongan sobre la mesa. Todo se agrava si la concesión administrativa es anterior a 2005, independientemente de que se hayan instalado los parques, por ejemplo, en 2008.

Madrid queda tan lejos que por momentos conviene resituarnos en el mapa. Y lo mejor es hacerlo con los números de lo que representa la energía eólica, en particular, y la renovable, en general, en Galicia. Por ejemplo, si la comunidad gallega representa el 9,9% de toda la potencia eléctrica instalada en España, la eólica gallega se va al 14,6% del total nacional. El consumo de electricidad procedente de fuentes renovables alcanzó en Galicia en un año como 2012 el 66,4%, duplicando la tasa española del 33,2%. Lo dice un estudio firmado por los profesores Anxo Calvo, Alberto Gago y Xavier Labandeira, de las universidades de A Coruña y Vigo, y presentado recientemente en una cumbre del Foro Económico de Galicia. Casi la mitad de la energía que produce esta comunidad (el 45,6%) es renovable.

Ese análisis va más allá, y demuestra que el coste de producir electricidad es similar al del resto de la UE, pero sin embargo el precio está muy por encima de la media europea. Antes de impuestos, España es el tercer país con la electricidad más cara de la UE. El problema, en gran medida, llegó con la crisis: la demanda de energía está actualmente al nivel de 2005.Hay sobrecapacidad instalada. Y Galicia, mientras, cumple con creces los objetivos marcados por Bruselas sobre el peso que deben tener las renovables. Que nos lo expliquen.

Hipocresía estadística con el cálculo del PIB

TIENE delito el asunto. Resulta que actividades no solo opacas, también ilegales, se tendrán ahora en cuenta para calcular la producción de bienes y servicios de los españoles, lo que entendemos comúnmente por PIB. Por mil motivos que no vienen al caso, no somos capaces de legalizar la prostitución y ni siquiera abordamos el debate sobre las drogas blandas, como en otros países europeos, pero no tenemos ningún reparo en medir actividades de este tipo si se trata de sumar. Es cierto que viene de Bruselas la imposición, pero no lo es menos que el propio Instituto Nacional de Estadística admite que no está en condiciones de señalar cuánto aportan al PIB la prostitución o el narcotráfico, dentro del un incremento global (hay otros conceptos como considerar gastos militares, por ejemplo, o medir el I+D como inversión y no como gasto) de hasta el 4,5% de ese nuevo PIB recalculado.

¿Y el PIB autonómico? ¿Cómo se medirá con esta nueva metodología que pasa por estimaciones puras y duras? ¿Se tendrá en cuenta, por ejemplo, que gran parte del narcotráfico se genera en nuestras costas? Si tomamos como referencia otra verdad como un puño, que dice que gran parte de la droga entra en España vía portuaria, en contenedores, ¿será sensible el INE a esta realidad en sus cálculos y se atraverá a descender tanto en sus estimaciones?

Con este debate sobre la mesa, vienen muy bien las reflexiones de los inspectores de Hacienda, liderados por el coruñés Ramsés Pérez Boga, que pide primero la legalización de determinadas actividades no solo opacas, también delictivas, y luego su cálculo. Sentido común ante la hipocresía.

ISABEL AGUILERA. Lecciones de la ex de Google para abordar los nuevos retos

A NADIE deja indiferente Isabel Aguilera, ex directora general de Google España, y actual consejera de grupos aseguradores como Aegon o tecnológicos como Indra. Sus palabras en la sesión inaugural del Foro Empresa de El Progreso tuvieron una carga de serena rebelión frente a los usos y costumbres atribuidos al entorno empresarial actual. Aguilera habló, por ejemplo, del error como escuela del éxito, de la discrepancia en el trabajo como fórmula para mejorar. También instó a trabajar en equipo para minimizar los fallos y sacar lo mejor de cada uno, y planteó la colaboración entre empresas como una herramienta básica para innovar. En su intervención ante el empresariado lucense, Aguilera dio carpetazo a la crisis advirtiendo también de los puntos oscuros que todavía persisten en la economía. Y ese baño de realismo estuvo acompañado de un consejo: tenemos que ser «elegibles», ser los mejores en algo. Una lección.

PABLO ISLA. Inditex divide sus acciones para ganar liquidez y crecer más

ALGO más de un año llevaban en Arteixo dándole vueltas a la cotización de Inditex, la mayor empresa española por valor en Bolsa, es decir, por capitalización. Frente a los planteamientos de los analistas retorcidos que siempre se preguntaban dónde estaría el techo de una cotización imparable hasta este mismo año, los financieros de Ortega contraponían otros elementos, como dar más liquidez a los títulos por la vía de un mayor movimiento de sus acciones. El objetivo, crecer más valiendo lo mismo. Es así como a través de la conocida como operación «split», Inditex dividirá cada acción por cinco. Un título que esta semana cotizaba algo por encima de los 111 euros se convertirá ahora en cinco acciones con un valor de 22 euros cada una. Fomentar el intercambio, atraer más inversores y, en definitiva, apuntalar su liderazgo en Bolsa son ahora los retos.

(Publicado en la edición impresa el 14 de junio de 2014)

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