«No sabes lo que supone el dolor de pensar que te derriban tu casa, pero ante ello, hay que moverse», se lamenta María Jesús Martínez, una de las afectadas por la orden de demolición emitida por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) sobre once viviendas de la urbanización Pena da Cabra de Duancos, en Castro de Rei. Aun así, confía en que todos los trámites iniciados para evitar que tiren estas casas lleguen a buen puerto y al final quede todo en un mal recuerdo.
María Jesús Martínez es la presidenta de la asociación Pena Escada, desde la que se promueve desde octubre el expediente de delimitación de núcleo rural de esta urbanización, a través del que se legalizaría el suelo, ahora rústico, sobre el que se levantaron las once viviendas. «En el momento en el que cambien la calificación del suelo, estamos salvados. El problema es el suelo, porque las casas se construyeron legalmente, pero el terreno no está legal», explica.
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