El Gobierno central retendrá a los concellos de Antas de Ulla, Mondoñedo y Xermade sus anticipos a cuenta del mes de octubre, por la participación en los tributos del estado, como sanción por no haber presentado aún la liquidación presupuestaria de 2010.
Si el bloqueo de esos recursos ya es preocupante, al ser unos ingresos vitales en el actual contexto de crisis, la situación aún podría empeorar a corto plazo, ya que el Ejecutivo ha anunciado que seguirá sin efectuar sus pagos mensuales por ese concepto hasta que los tres ayuntamientos rindas cuentas, en aplicación del la Ley de Economía Sostenible. De partida, esa medida supondrá que los tres municipios lucenses dejarán de ingresar en las próximas semanas los cerca 100.000 euros que les corresponderían, de forma conjunta, por los anticipos de octubre.
El Ministerio de Economía y Hacienda aclaró que esta sanción no implicará que los ayuntamientos pierdan esos recursos, sino un aplazamiento hasta que cumplan con su obligación legal de rendir cuentas, ya que esos fondos estatales serán reintegrados a las arcas municipales cuando los ayuntamientos liquiden el pasado ejercicio.
El departamento ministerial informó de que, en el conjunto de España, esta medida afecta a 1.022 municipios y supone la retención de 13,5 millones de euros.
Además de los tres ayuntamientos lucenses, hay otros siete concellos gallegos en la misma situación: Ames, Santiso, en la provincia de A Coruña; Manzaneda y Vilamartín de Valdeorras, en Ourense; y Agolada, Ribadumia y Rodeiro, en Pontevedra.
Reacciones
Los alcaldes de los tres concellos lucenses sancionados coincidieron en justificar la no presentación de las cuentas en plazo a problemas coyunturales o técnicos y en decir que el problema está en vías de solucionarse,
En Mondoñedo la noticia de la retención de los anticipos de octubre ha causado preocupación, aunque el regidor, el nacionalista Orlando González Cruz, asegura que en breve se subsanará el problema y se volverá a percibir ese abono mensual, que suma unos 47.000 euros.
«Estamos tranquilos porque a liquidación está feita. O que pasou é que o día que pechaba o prazo, cando estabamos metendo os datos na aplicación informática, houbo un problema técnico. Como xa non o podíamos facer en prazo, optamos por aproveitar e revisar algunhas cifras, a criterio da interventora, antes de mandar as contas. Enviarémolas en breve, pero sen aquel erro técnico xa teríamos presentado a liquidación aquel día, porque despois había un prazo para correccións», dijo.
El alcalde quiso lanzar un mensaje tranquilizador al recalcar que el asunto está «controlado» y que «o Concello fará fronte ás nóminas», un pago que es «primordial» para el gobierno local desde que en 2008 se retrasase en el abono de una mensualidad.
No obstante, admitió que para abonar los sueldos el gobierno local tendrá que retrasar otros pagos, aún por definir. «A liquidación está feita, así que isto vainos afectar só este mes, o seguinte ya recibiremos os anticipos de outubro e tamén os de novembro».
Orlando González volvió a culpar de esos retrasos para confecionar las cuentas a la situación heredada del PP. «Cando chegamos ao goberno, en 2007, non había contas desde o exercicio 2005», afirmó, y aprovechó también para criticar el anuncio de la Xunta de Galicia de que penalizará a los concellos que no paguen en 60 días, al afirmar que el Gobierno gallego adeuda desde hace más de un año varias ayudas al Concello. «Para esixir aos demais hai que cumprir, e a Xunta non cumpre».
En el caso de Xermade, su regidor, el popular Tomás Rodríguez dijo desconocer la sanción impuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda y atribuyó el retraso en presentar la liquidación de 2010 a una baja por enfermedad de la funcionaria que debía confeccionar el documento. «Se non se remitiron xa, estarán para saír estes días», aseguró.
Aunque Tomás Rodríguez admitió la importancia de los alrededor de 20.000 euros que recibe mes a mes el Concello del Estado, recalcó que las arcas municipales gozan de buena salud y que ese «aprazamento» no implicará problemas con el gasto corriente.
Quien eludió dar explicaciones fue el alcalde de Antas de Ulla, el popular Javier Varela. Aunque el Concello dejará de percibir casi 30.000 euros, el regidor se limitó a culpar de los incumplimientos al secretario municipal, ahora apartado de sus funciones, sin aclarar cuando rendirá cuentas.
