Anomalías impedirán abrir el centro de recría en un mínimo de cinco meses

El centro de recría que la Diputación de Lugo ha construido en la granja Gayoso Castro, en Castro de Ribeiras de Lea, no entrará en funcionamiento en el mes de septiembre, como había anunciado el anterior presidente de la entidad provincial, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, durante la campaña de las elecciones municipales. Según informes de la secretaria general y del departamento de intervención de la Diputación, solventar las anomalías detectadas en el expediente y tramitar la gestión directa o la adjudicación de las instalaciones exigiría unos plazos mínimos de cinco meses. Además, existen importantes problemas infraestructurales que habrá que solventar antes de que las instalaciones comiencen a recibir novillas.

Por lo que se refiere al aspecto burocrático, los informes requeridos por la presidenta de la Diputación, Elena Candia, advierten de anomalías en el expediente, como carecer de un certificado acreditativo de la conveniencia y necesidad del centro, en el que habría que analizar la sostenibilidad económica del servicio.

Además, existen dudas sobre la adjudicación del proyecto y las obras, que fueron encargados a la empresa pública Tragsa, cuando, al no ser un órgano directamente dependiente de la entidad provincial, exigía, según los técnicos, la tramitación de un procedimiento abierto de licitación pública.

Por otra parte, en los informes, se deja constancia de que la recría de novillas no se trata de una competencia propia de la Diputación, según la legislación vigente, y que tampoco es un proyecto que haya surgido por una delegación de competencias, sino que se ha realizado por iniciativa de la propia entidad provincial.

Solventar los problemas administrativos para prestar el servicio con la participación pública directa o indirectamente o a través de una adjudicación exigiría, según los informes de los técnicos provinciales, un plazo de un mínimo de cinco meses.

Al margen de las cuestiones burocráticas, el gobierno provincial denuncia que las obras no cumplen la normativa vigente en lo relativo a garantizar el bienestar animal y presentan problemas de bioseguridad. Asimismo, entre los inconvenientes detectados se encuentra la gestión de los residuales, ya que no hay base territorial suficiente para depurar los de 3.000 cabezas de ganado.

Por otra parte, entre las anomalías que se registraron en las instalaciones, hay algunas de considerable calado como que no cuenten con una nave de cuarentena para los animales que entran en el centro ni con una sala de amamantamiento.

En opinión del gobierno provincial, las anomalías que se reflejan en los informes «evidencian as presas coas que traballou o anterior goberno provincial, porque a preocupación principal era presentar o proxecto antes das eleccións».