Ángel Currás critica el ''acoso y derribo'' hacia su persona

El alcalde de Santiago, Ángel Currás, ha lamentado la política de "acoso y derribo" que están ejerciendo el PSOE y el BNG hacia su persona mientras él intenta recomponer el gobierno local, un proceso que prevé finalizar mañana y al que se ha llegado tras la salida en bloque de siete concejales por imperativo legal y la marcha voluntaria de otros dos.

Con motivo de su asistencia a una recepción en el Ayuntamiento, el regidor ha contestado un día más a las preguntas de los informadores y ha insistido hoy en que están "avanzando las reuniones" y en que el diálogo le ha servido para comprobar entre los contactados que hay "deseo de colaborar y de resolver el problema".

No ha especificado nombres y ha recalcado que no es partidario de dar plazos, por lo que se ha limitado a indicar que cuando esté "conformado" el ejecutivo resultante, se informará de ello "oportunamente". Consultado por si será este viernes, como había indicado, ha respondido: "Es probable".

Acerca de la incomodidad expresada por la oposición, que se ha quejado de que no tiene información, ha lamentado esta "política de acoso y derribo" y ha avanzado que se les informará "de las cosas según se vayan produciendo".

Con un visible gesto de indignación, ha añadido: "Mi teléfono está abierto siempre", pero si lo que quieren es "una foto", eso es "distinto", es otra guerra.

Acerca de si habló con el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el que coincidió anoche en la ceremonia de apertura de la 98 reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo (OMT), ha señalado que sí charlaron, pero de la "experiencia positiva" de Japón, tras el viaje oficial realizado por el máximo mandatario autonómico.

"No era el día ni el momento oportuno" para tratar otro asunto, ha precisado.

Sobre las presiones para que él mismo presente su dimisión, se ha reído y ha dicho que no va a "contestar a eso" y en lo tocante al abandono de la exconcejala compostelana y diputada gallega Paula Prado de la portavocía del PPdeG, ha manifestado que tampoco va a opinar nada más allá de que ejerce una "buena labor parlamentaria".

Preguntado por las bajas como militantes del PP de algunos de los concejales que dimitieron tras ser condenados por prevaricación, como María Castelao, Luis Bello y Amelia González, simplemente ha subrayado que no le constan y que no sabría decir si son bajas o "suspensión".

El alcalde de Santiago, Ángel Currás, y la teniente de alcalde Reyes Leis, han asumido la totalidad de las competencias municipales de los ediles dimisionarios tras las nueve vacantes en el gobierno local, que componen trece miembros.

El regidor firmó sendos decretos por los que se procedió a la reordenación de competencias "hasta que no se produzca una nueva delegación de competencias, si es el caso".

En el primero de los decretos, el alcalde nombra miembros de la Junta de Gobierno a los concejales Reyes Leis, Luis Meijide y José María Rosende y a la primera, también secretaria de este órgano ejecutivo, que contará con José María Rosende de suplente.

En el segundo de los decretos, el alcalde recupera las competencias de los concejales dimisionarios y se queda para su responsabilidad las que ejercían José Luis García Bello (Seguridad y Movilidad), Cecilia Sierra (Hacienda y Administración Pública) y Amelia González (Régimen Interior y Personal).

También recupera y delega en Reyes Leis, responsable del área de Economía y primera teniente de alcalde, las competencias que desarrollaban Francisco Javier Noya (Participación Ciudadana), María Pardo (Desarrollo Urbano y Sostenible), María Castelao (Servicios Sociales), Adrián Varela (Deportes), Rebeca Domínguez (Juventud y Normalización Lingüística) y Juan José de la Fuente (Vías y Obras).

Los salientes por imperativo legal son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis Bello y Francisco Noya.

Todos ellos recurrirán la sentencia que los condena a nueve años de inhabilitación por haber acordado la defensa con dinero público de un excompañero de gobierno imputado en la operación Pokemon.

El fallo judicial se supo después de que el 19 de mayo estos ediles se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con cargo a las arcas municipales la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela.

El acuerdo de costear esta representación legal con el dinero de todos se adoptó después de una solicitud de Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que la minuta de su abogado se pagase con otros medios que no fuesen los suyos propios.

Las marchas voluntarias corresponden a la que fue concejala de Xuventude y Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, imputada en la operación Pokemon por la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias, y al otrora edil de Deportes, el propio Adrián Varela, que formalizó su dimisión la semana pasada en solidaridad con los compañeros expuestos a una situación judicial muy difícil.

Adrián Varela está imputado en esta misma causa que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

La operación Pokemon persigue desmontar una presunta trama corrupta que se gestaría a través de adjudicaciones de las administraciones locales a empresas, principalmente al Grupo Vendex.

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