Amninistía Internacional anuncia que recurrirá ante instancias europeas las 'expulsiones en caliente'

Amnistía Internacional ha señalado hoy que es "inaceptable" que el grupo parlamentario popular pretenda legalizar las "expulsiones en caliente" en Ceuta y Melilla y ha dicho que recurrirá a instancias europeas si hace falta.

"Esto es inaceptable y agotaremos todas las vías que podamos para que este cambio no tenga lugar. Si tenemos que recurrir a instancias europeas lo haremos", ha dicho a EFE María Serrano, como portavoz de la organización.

El PP ha propuesto hoy en el Congreso legalizar las devoluciones inmediatas de inmigrantes irregulares cuando estén intentando traspasar los perímetros fronterizos de forma clandestina. Una medida que, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no supone legalizar las llamadas "devoluciones en caliente", que son "ilegales", sino dar cobertura jurídica al "rechazo en frontera" de los inmigrantes que intentan alcanzar territorio español, se quedan en el "entrevallado" y no consuman su entrada.

Anmistía Internacional considera "inaceptable que se pretenda legalizar algo que es ilegal de acuerdo con el derecho internacional" y que además es contrario "a las obligaciones que tiene España en relación con los refugiados".

Serrano ha explicado que las "expulsiones sumarias" están prohibidas por el derecho internacional porque pueden tener unas consecuencias "terribles", ya que las personas son expulsadas "sin procedimientos, sin garantías, sin que se estudie si tienen temores de persecución y sin que puedan acceder a tutela judicial efectiva". "Estas expulsiones sumarias pueden exponer a las personas a torturas, a ser desaparecidas, pueden poner en riesgo su vida y su integridad física", ha añadido la portavoz de Amnistía Internacional.

Por otra parte, ha indicado que esta enmienda del PP lo que hace es "crear un régimen especial para Ceuta y Melilla en el que no se aplican las garantías que existen para el resto del territorio, donde sí que existe un procedimiento". Ha señalado que "no se pueden crear limbos jurídicos" y que no importan las reformas legales que haga España, ya que sigue teniendo responsabilidad sobre lo que les suceda a estas personas en los países a los que se les devuelva.