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LAS ACCIONES de las fuerzas políticas nacionalistas en Cataluña van planteando ya un verdadero desafío al poder constituido del Reino de España. Las manifestaciones efectuadas el jueves por el presidente del Gobierno asegurando con firmeza que el referéndum diseñado en clave y con vocación independentista, no se celebraría, son desde luego tranquilizadoras. Las razones aducidas, impecables también: la soberanía reside en el pueblo español, y lo que a ella pueda afectar, no puede ser objeto de negociación, porque es patrimonio de nuestro pueblo en su conjunto. Y claro, la consecuencia de que alguien quiera negociar acerca del alcance y contenido de la soberanía nacional, no podría inscribirse en una posible reforma de la Constitución, porque es algo que atañe a la base esencial del texto fundamental: la soberanía nacional del que este mismo emanó.

Hace unos días Alfonso Guerra, protagonista de la elaboración de la Constitución, recordaba que entonces quienes demandaban que determinadas cosas se recogieran en el texto constitucional, no solo no decían, ni manifestaban, ni reivindicaron, lo que ahora afirman que se les ha venido negando, sosteniendo que son objeto histórico de no se sabe qué represiones, y que en el actual statu quo no tienen buen acomodo. Al contrario, como recordaba el exvicepresidente del Gobierno y más veterano diputado del Congreso, los portavoces catalanes -que por cierto, determinaron en buena medida el texto de la Constitución-, manifestaron que sus pretensiones estaban en lo esencial satisfechas. Y por eso, apoyaron la Ley fundamental de la que fueron desde luego coautores. Aseguraba el señor Guerra que, si se hubiera podido adivinar lo que ha sucedido, no se hubiera accedido a determinadas cosas.

Y es que ahí esta el quid de la cuestión. Sin duda hay que hacer algo, porque el nacionalismo ha convulsionado en extremo la convivencia en la sociedad catalana; y con supercherías e invenciones ha convencido a una significativa parte del cuerpo social en Cataluña, de que sus reproches hacia el Estado tienen fundamento.

Hay que hacer algo, sí, pero no en la misma dirección, o mejor dicho, no sin adoptar cautelas. Porque, estamos aquí, porque se accedió a lo que se solicitaba y pareció razonable e incluso no justificado. Y más y más autonomía, más y más relecturas de la Constitución, que claro que las ha habido, para dar satisfacción a diversas reivindicaciones, y más y más cesiones de competencias estatales, más y más mirar para otro lado ante excesos injustificados para no irritar. En fin, más y más aceptar lo que fuera para no llegar hasta donde estamos, ya se ha visto a dónde conducía.

Hay que hacer algo, pero eso que se debe hacer, no debe ser ni una concesión ni un pacto en sí mismo. Debe ser, a mi juicio, el ejercicio de la responsabilidad de Gobierno de quien hoy la tiene. Los términos y los instrumentos con los que a su juicio debe encararla, oyendo a todos, pensando en todos, acogiendo el malestar patente hoy en nuestra, porque lo es, comunidad catalana. Y debe reconducir con prudencia y con firmeza una situación que evoluciona hacia los peores límites. Con la vista puesta en los superiores intereses y emociones de los españoles y cuidando de no volver a incurrir en los errores que no resuelven el presente y comprometen el futuro a peor. Para eso deberá contar, tiene que contar con el apoyo y la asistencia de la mayoría social de España. Y estoy seguro de que la tendrá.

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