BLINDAR PUESTOS de trabajo en una época de crisis económica y millones de parados, con una reforma laboral que ha abaratado los despidos y reducido los sueldos, resulta sorprendente e incluso puede llevar a algunos a rememorar nostálgicamente aquellos años ochenta y noventa en los que los directivos aseguraban sus puestos con contratos que establecían indemnizaciones millonarias en caso de despido. Eso es simplemente una alucinación en este periodo de crisis, pero la idea del presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, de imponer cláusulas sociales a las empresas que prestan servicios a la entidad provincial es una propuesta innovadora y la primera medida realmente palpable de la «política para saír da crise pola esquerda» que defiende el también secretario general del PSdeG. El problema reside en si realmente es legal su aplicación.
Besteiro tiene habituado al foro a protagonizar presentaciones muy escénicas de grandes planes y proyectos, que después se van desarrollando mejor o peor, pero que, en cualquier caso, no suponen más que pequeñas actuaciones cuyo impacto real puede ser discutido. Por eso, la oposición ya habla de otro ‘bluf’ del presidente de la Diputación, pero lo cierto es que esta vez Besteiro no solo plantea ideas, sino que el pasado jueves explicó claramente las exigencias que se establecerán para las empresas contratadas y las sanciones que se aplicarán si no las cumplen. Es decir, la idea no solo tiene hoja de ruta, sino que incluso ya se está poniendo en práctica.
Las hemerotecas están llenas de periódicos desde 2007, cuando el bipartito (PSOE-BNG) se hizo con los mandos de la Diputación, en cuyas páginas se han publicado decenas de planes, que, efectivamente, se han ejecutado o están en desarrollo, pero cuyos resultados fueron más bien etéreos. Por poner un ejemplo, la Diputación hizo un enorme despliegue con el Plan Estratégico de Lugo, un análisis pormenorizado del presente y el futuro de la provincia que se quedó en papel mojado, porque, entre otras cosas, el documento no aportaba prácticamente nada nuevo y, menos todavía, soluciones reales a los grandes problemas como la despoblación del medio rural o la creación de empleo con una economía sostenible. También fue notoria la expectación que despertó el Centro de Innovación Social, pero, pasados ya varios años, el ciudadano no se ha enterado todavía de para qué sirve todo este dispositivo tecnológico en el que se invirtió más de 1,5 millones.
Sin embargo, el blindaje de los empleos de las empresas que prestan servicio para la entidad provincial es algo más tangible y que, aunque solo afecte a un colectivo de trabajadores que presta servicios a la Diputación, es una muestra de una concepción política diametralmente opuesta a la que inspiró la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
NORMATIVA EUROPEA
La posibilidad de que una administración pública establezca requisitos laborales a la hora de contratar empresas que le presten servicios está contemplada en una normativa de la Unión Europea del año 2004, pero, hasta el momento, por lo menos en Galicia, la Diputación de Lugo es la primera entidad que la pone en práctica. La idea no surgió de la noche a la mañana y, de hecho, el equipo de Besteiro llevaba meses buscando un sistema de aplicar medidas para paliar, dentro de lo posible, los efectos de la nueva normativa laboral. El detonante fue el conflicto en la empresa de seguridad Alcor, que presta servicio en el Museo Provincial y el Pazo dos Deportes y que precarizó las condiciones de sus trabajadores. Tras advertir a la firma reiteradamente para que diese marcha atrás, la Diputación está ahora efectuando los últimos trámites para rescindir el contrato.
Este conflicto aceleró la maquinaria en el palacio de San Marcos para concretar medidas efectivas como las que el miércoles se hicieron públicas. A partir de ahora, la Diputación tendrá en cuenta al evaluar las propuestas que se presenten a sus concursos el número de trabajadores con contrato indefinido de las empresas aspirantes, la inserción de personal con discapacidad y si proponen mejoras salariales. Pero, además, la normativa contempla un seguimiento de la empresa, porque la adjudicataria habrá de comprometerse a mantener el empleo, el número de trabajadores y los contratos indefinidos mientras realiza el servicio, así como una serie de sanciones económicas que pueden rematar con la rescisión del contrato.
El nuevo reglamento de la entidad provincial se va a aplicar de forma inmediata, porque ya se están tramitando los cinco primeros pliegos de condiciones con cláusulas sociales, concretamente los de los servicios de vigilancia, limpieza, centro de atención al usuario, el proyecto Goberno Intelixente y el aula itinerante de formación. En total, afectarán a 83 trabajadores.
LEGALIDAD
El equipo de Besteiro asegura que antes de tomar la decisión se estudió en profundidad si su aplicación podría plantear problemas de carácter legal y en el Palacio de San Marcos afirman que tienen las «espaldas cubiertas» ante cualquier causa judicial que se pueda abrir contra esta medida, tanto por parte de partidos políticos como de las propias empresas contratadas.
Sin embargo, el blindaje de los contratos y los salarios de los trabajadores que impondrá la Diputación a sus contratistas contradice la nueva normativa laboral, dificultando o imposibilitando la adopción de medidas que pueden tomar las empresas que acrediten pérdidas, presentes o futuras.
Por otra parte, la oposición popular ya ha advertido de que la normativa impide a las administraciones que las cláusulas sociales se tengan en cuenta a la hora de elegir a una u otra empresa, aunque admite que sí se les pueden exigir requisitos semejantes a las firmas durante el periodo de ejecución de proyectos o realización de servicios.
Al margen de lo que pueda ocurrir en un futuro, y sin descartar que la medida acabe en los tribunales, el paso que ha dado Besteiro abre una nueva vía de actuación de las administraciones públicas ante un problema evidente como el paro y la precarización de los puestos de trabajo. En los últimos siete años, el líder socialista ha utilizado la Diputación de Lugo como escaparate de un nuevo modo de hacer política y, ahora, cuando todo parece indicar que, como secretario general del PSdeG, competirá con Feijóo por la presidencia de la Xunta, intentará exportar su política de contrataciones al resto de las instituciones que su partido gobierna en Galicia, como una prueba real de que la crisis se puede superar por otras vías y que la salida no se logrará solo con el «austericidio» por el que Besteiro tanto critica a Feijóo.
(Publicado en la edición impresa de El Progreso el 23 de marzo de 2014)
