Una docena de alcaldes de municipios mineros gallegos, de León, Asturias, Palencia y Teruel se reunieron ayer en As Pontes para «coordinar esfuerzos» y defender el futuro de las térmicas. Exigen al Gobierno «negociar con las eléctricas para la adaptación de las centrales a la nueva normativa europea de emisiones y tener un plan B» para no permitir «perder las empresas tractores» de muchas comarcas españolas y con ellas miles de puestos de trabajo.
«Con las centrales de los municipios que estamos aquí podríamos abastecer a todo el país». Sin embargo, las térmicas viven un momento dramático y un futuro más negro que el carbón que consumen. A la caída de la demanda, el auge de las energías renovables -y con ellas el parón en la producción-, se ha sumado otra «espada de Damocles», la normativa de emisiones, que obliga a las eléctricas a invertir en cada instalación una media de entre 200 y 300 millones de euros para asegurar su futuro. Si no lo hacen, su única opción posible es el cierre.
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