Una modificación de la Ley de Bases del Régimen Local obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a contar con un tesorero habilitado nacional desde el pasado día 1 y, tal obligatoriedad, está generando más de un quebradero de cabeza en las administraciones locales. En la comarca son los concellos de Ribadeo, Foz, Burela y Viveiro los que se encuentran en esta situación y la manera de enfrentarse a ella varía, aunque los alcaldes de los tres primeros municipios coinciden en señalar que falta personal para cubrir esas plazas y culpan al Gobierno central de no tener esto previsto y de no ofrecer soluciones al problema.
Ante esta situación que afecta a todo el país, el Colegio Oficial de Interventores y Tesoreros de Lugo ya ha solicitado una reunión con la Dirección Xeral de la Administración Local, que podría celebrarse la próxima semana, con el objetivo de fijar pautas de actuación, de modo que no se paralicen los pagos en aquellos concellos que no tienen creada esta plaza.
Ribadeo
El Concello ribadense tiene habilitada una funcionaria para cubrir esta plaza, sin embargo, el alcalde, Fernando Suárez Barcia, se queja de que se encuentra "nunha situación extraña, porque o día 1 rematou a prórroga que deu o Goberno central para que se puidesen habilitar traballadores para cumprir esa función". Según explica, ya se dirigieron a la Xunta para exponer la situación "pero de momento non aportaron ningún tipo de solución". Además, añade que "aínda que se convocara a praza, a realidade é que non hai traballadores dabondo para cubrir as necesarias, porque o Executivo puxo unhas esixencias que non hai xente dabondo que as cumpra, porque teñen que ser funcionarios con habilitación nacional e non hai os que se precisan".
El mayor problema en estos momentos parece localizarse en Burela, donde no se efectuarán pagos hasta obtener respuesta sobre la prórroga que pidieron a la Administración
Por el momento, el regidor asegura que están funcionando sin problema con la funcionaria habilitada y no tiene previsto dejar de efectuar los correspondientes pagos.
Foz
En el Ayuntamiento focense también hay una funcionaria habilitada para efectuar las labores de tesorería y el alcalde, Javier Castiñeira, asegura que los pagos se seguirán haciendo con normalidad. "Ao non ter o tesoureiro habilitado pedímosllo á Deputación e como tampouco o ten, porque non os hai, seguimos traballando coa funcionaria", explicó el regidor, que añadió que no convocarán la plaza de tesorero si nadie reclama ocupar ese puesto.
Castiñeira también subrayó la falta de estos profesionales y llamó la atención sobre la necesidad de fijar personal en estos puestos "porque están seguido bailando as prazas de secretarios e interventores e é posible que agora tamén poda haber interventores que pasen a ocupar as prazas de tesoureiro".
Burela
El mayor problema en estos momentos parece localizarse en Burela, donde no se efectuarán pagos hasta obtener respuesta sobre la prórroga que pidieron a la Administración para que una funcionaria habilitada haga las labores de tesorero. "Levamos catorce días de xaneiro e seguimos sin unha resposta neste asunto e estannos xerando un problema importante, porque non poden cobrar os provedores nin o persoal municipal", aseguró el alcalde, Alfredo Llano, que se mostró muy contrariado por esta situación: "Fixemos todo canto nos esixía a lei, pero os concellos non temos fórmulas legais para facer pagamentos porque non hai habilitados nacionais".
En Burela ya se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que contemple esta plaza y está previsto convocarla en los próximos meses.
En este sentido también se pronunció el grupo municipal del Partido Popular local, que advirtió que los pagos que pudieran haberse hecho desde principios de año poderían tener "un vicio de nulidade", al no ser firmados por el funcionario adecuado. Para los populares los responsables son el alcalde y la concejala de economía, Patricia Otero.
Viveiro
Finalmente, en Viveiro tienen contemplado que los presupuestos de este año contengan partida para esa plaza. Según adelantó la alcaldesa, María Loureiro, solicitarán la convocatoria de la plaza una vez que se modifique la RPT y figure como habilitado nacional. Un funcionario habilitado por la Xunta hace ahora esa labor.
En este sentido, también se pronunció el edil de economía, Jesús Fernández, que aseguró que los pagos seguirán haciéndose para cumplir con la ley.
