LA infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados. Es una señal de salud democrática y de separación de poderes. El daño a la Corona radicaría en que quedasen dudas de una discriminación favorable, de privilegio, hacia la infanta Cristina por ser quien es: hija y hermana de rey. Tampco se puede pedir que por ser quien es y por el contexto de opinión pública en el que se encuentra España por la corrupción se practique la «ejemplaridad» sobre ella. La justicia ha de ser igual para todos: para la inocencia o la condena. Este caso, sea cual sea la resolución judicial final, aporta credibilidad al sistema cuando las dudas sobre la presión a la independencia de los jueces criculan por múltiples vías. Cuestión diferente es que debería haberse producido la renuncia de la infanta Crsitina a sus derechos en la línea sucesoria, aunque estos puedan ser entendidos como meramente hipotéticos o simbólicos ahora mismo. Contribuiría así a la buena imagen de la institución monárquica y enviaría a la ciudadanía un mensaje de normalidad.
Disolver una orden
El obispo de Tui disuelve al fin la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Su fundador y líder, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, está en la cárcel de Teixeiro por mandato judicial, acusado de abusos sexuales y asociación ilíticta. Hay dos cuestiones: 1) ¿Cómo a un personaje como este se le permite desde la institución eclesial crear una orden o una agrupación reconocida por la Iglesia? 2) ¿Cómo tardan tanto tiempo los responsables de la Iglesia, cuando no se sigue practicando el silencio, en denunciar ante la autoridad judicial hechos presuntamente delictivos que se cometen bajo el paraguas eclesial? El papa Francisco va afortunadamente por la vía de que la verdad se imponga. Pero acontecimientos como los de esta esperpéntica orden, bastaría solo que esté reconocida por la diócesis, hace un mal servicio a la institución eclesial.
